La recuperación de la democracia en Bolivia provocó la huida desbandada de varios exministros y exfuncionarios del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). La expresidenta, sin embargo, aún no fue requerida por la Justicia.
Quienes salieron del país burlando órdenes de aprehensión en su contra acudieron mayoritariamente a Estados Unidos, según reportes de la Policía Nacional.
Muchos son investigados por supuestos casos de corrupción durante su ejercicio de funciones de un año, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, el tiempo que duró el mandato de Áñez. Otros son cuestionados por su participación en las masacres y actos represivos cometidos por el Gobierno de facto, fundamentalmente al inicio del mandato, luego de que triunfara el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), el 10 de noviembre de 2019.
Como resultado, 37 personas (la mayoría militantes del MAS) fueron asesinadas en protestas callejeras, presuntamente por balas policiales y militares. Sus familias aún exigen justicia. Por ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en la realización de un juicio de responsabilidades contra el gabinete de Áñez por delitos de lesa humanidad. Cuando firmaron el decreto 4078, dieron vía libre para que las fuerzas conjuntas repriman a la población, incluso maten, sin que deban rendir cuentas ante la Justicia por ello.
"Como se tenía esa idea del ejercicio del mandato más allá de lo transitorio, se han cometido actos bastante violentos contra la población. No contaban con el resultado del 18 de octubre", cuando el MAS recuperó el Gobierno con el 55,1% de votos.
La fuga de los ministros
Los ministros más importantes de Áñez —Murillo, encargado de relacionarse con la Policía; López, con las Fuerzas Armadas—, huyeron del país el 5 de noviembre último, tres días antes de que finalizara el Gobierno de facto. Se los acusa de haber comprado agentes químicos para las fuerzas policiales con un sobreprecio de 2 millones de dólares.
Por este motivo, hay tres funcionarios de Migraciones detenidos. Además de Marcel Rivas, quien era director de este organismo, acusado de haber facilitado la huida de las exautoridades, sobre quienes ya pesaba una alerta migratoria, lo cual significaba que se los debía entregar al Ministerio Público para que colaboren en las investigaciones.
Una vez detenido, a Rivas se le sumaron más causas en su contra. Según Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, el exdirector emitió ilegalmente 495 alertas migratorias contra políticos, periodistas, empresarios y otras personas consideradas opositoras al régimen de Áñez.
También indicó que va a denunciarlo la militante del MAS Andrea Martínez, quien habría sido acosada por Rivas a través de las redes sociales cuando era autoridad del anterior Gobierno de facto.
La lista sigue
El ex viceministro de Gobierno Javier Issa también se encontraría en Estados Unidos, según la Policía Nacional. Se lo acusa de haber participado del robo y quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales. Por el caso también está detenido el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Iván Rojas, quien además tiene una causa junto a su esposa por legitimación de ganancias ilícitas.
Apenas asumido, el presidente Arce cambió las cúpulas policiales y de las Fuerzas Armadas, las cuales habrían apoyado al Gobierno de Áñez. Designó como nuevo comandante de la Policía boliviana al coronel Jhonny Aguilera. "Sabemos a través de las notificaciones que las exautoridades se encuentran en Estados Unidos. No sabemos su estatus y tampoco las actividades que estuvieran desarrollando", dijo el jefe policial en conferencia de prensa.
Otro exministro con orden de detención es Víctor Hugo Zamora, quien estaba al frente del Ministerio de Hidrocarburos. Se lo investiga por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, ya que habría cometido irregularidades en la compra directa de seguros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) durante la pandemia, por un total de 49 millones de pesos bolivianos (7,1 millones de dólares).
Y todavía hay más
En los últimos días, el abogado Rolando Cruz denunció ante el Ministerio Público en la ciudad de Sucre a Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Áñez, y a Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Gobierno durante el último mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, que finalizó con la masacre de 67 personas en la Guerra del Gas, en octubre de 2003.
Cruz los denunció por los delitos de "sedición, conspiración, terrorismo, organización criminal y otros". Como elemento probatorio, presentó siete videos filmados antes y después del golpe de Estado contra Morales. El abogado comentó que tenía el dato de que Lizárraga ya estaba también en Estados Unidos. El exministro Sánchez Berzaín está allí desde 2003.
El grito popular de "¡Fuera motines!", como bautizaron a los policías que apoyaron al golpe, aún sigue vigente. Consciente de cómo los perciben, el nuevo comandante de la Policía da demasiadas señales de lealtad al Gobierno de Arce durante sus conferencias de prensa. La frase: "La Policía va a cumplir con lo que manda la ley" está presente en casi todas sus oraciones.
Con el pasar de los días, conforme avancen las investigaciones, probablemente serán detenidos o huirán del país más exfuncionarios de Áñez. Justamente la cabeza del anterior Gobierno aún permanece impoluta, entre tantos excolaboradores que caen por sus presuntos delitos. Se dice que ella está en su amazónica Beni natal, donde cada tanto tuitea para criticar al nuevo Gobierno del MAS.
El pueblo boliviano sabe que cualquier juicio que inicie el MAS o su sistema judicial, no es un juicio independiente. Pido investigación imparcial y con observadores internacionales. Lo demás, es poco serio y poco respetuoso con Bolivia y con la ley.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 17, 2020
En el Gobierno de Áñez, ¿nunca pensaron que el MAS podría volver al poder? ¿Estaban ya preparados para esta fuga desesperada, que los vuelve a reunir en Estados Unidos?
Pero el MAS, aún con su líder en el exilio, logró arrollar a la oposición en las últimas elecciones. Para Arequipa, en el Gobierno de Áñez "no supieron calibrar que existe un proyecto político, expresado en el masismo, que no tiene necesariamente una sola personalidad. El MAS no es tanto el evismo, por eso se mantiene el bloque de gente que vota por MAS pase lo que pase".
"Criminalizando al MAS, atacando al bloque nacional popular, poniendo cercos, pensaron que habría una parte de las personas que los apoyarían en la imposición de un orden político. Pero se equivocaron, porque la tendencia más grande de la población está dirigida a reorganizar la economía para intentar solucionar los problemas de la pandemia y de la crisis económica que dejó el anterior Gobierno", dijo el catedrático.
