España reforzará su presencia policial en Senegal para intentar controlar el flujo migratorio ilegal

El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta la creciente crisis migratoria intentando suscribir acuerdos en la materia con diversos países. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, acudió el 22 de noviembre a Senegal para acordar medidas que sirvan a una gestión ordenada y acorde a la ley de los flujos migratorios.

Con este país subsahariano, son ya ocho los países africanos que ha visitado la ministra luego de haber estado en Argelia, Marruecos, Mauritania, Chad, Níger, Burkina Faso y Malí. El propósito de tales visitas es intensificar un diálogo productivo con algunos de los principales países de origen de emigrantes que redunde en una cooperación conjunta. "Senegal es uno de nuestros socios prioritarios en África y un país clave para España en la gestión de los flujos migratorios", comentó tras su encuentro con el presidente senegalés, Macky Sall.

El propósito de regular los flujos implica también una lucha conjunta contras las redes mafiosas que trafican con personas. No en vano, España preside en la actualidad la Alianza Sahel, asociación de los principales países donantes al desarrollo y estabilidad de la zona del Sahel. En concreto, la idea para Senegal es incrementar allí la presencia policial para luchar contra la inmigración ilegal.

Más medios de control

En apoyo del destacamento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ya opera en Dakar junto a las fuerzas del orden senegalesas y que incluye dos patrulleros de altura y un helicóptero, González Laya anunció el inminente envío de un avión de vigilancia marítima dotado con dos tripulaciones (15 efectivos) y un buque oceánico con otros 25.

"Senegal es un país clave para la estabilidad y seguridad del Sahel además de la base desde donde nuestros soldados contribuyen a los esfuerzos para luchar contra el terrorismo", recordó la ministra, que también visitó a los 65 militares españoles del Ejército del Aire que dan apoyo a las misiones Minusma, de Naciones Unidas, y Barkhane, así como a la Fuerza Conjunta de los países del G5 Sahel en su lucha contra el terrorismo, desde 2013.

"Vamos a trabajar juntos para que aquellos irregulares que han llegado a España de nacionalidad senegalesa sean devueltos a su país, lo haremos respetando las reglas, las convenciones, los acuerdos que tiene Senegal con España, con un mensaje muy firme, quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país", declaró a los medios.

Firma de convenios

González Laya también se entrevistó con su homóloga senegalesa Aissatou Tall Sall. Al término de las consultas, estamparon su firma en un convenio bilateral de Seguridad Social, acuerdo que prevé permitir la portabilidad de las cotizaciones de aquellos trabajadores senegaleses residentes en España que deseen regresar a su país sin menoscabo de sus derechos adquiridos.

Es decir, el convenio permitirá sumar años de cotización, así como una mejora de la situación de trabajadores y empresas españolas en Senegal mediante un cálculo optimizado de las pensiones. El objetivo es favorecer la migración legal. En España hay unos 35.000 trabajadores senegaleses que podrían beneficiarse del convenio, así como los españoles que trabajen y coticen en Senegal, pues quedarán protegidos por la Seguridad Social española cuando su desplazamiento no exceda de un máximo de cinco años, aunque podrá prorrogarse a otros tres más. De este modo, se evitaría una doble cotización en estos supuestos.

Situación tensa

El desbordamiento de las capacidades del puerto grancanario de Arguineguín y las condiciones en las que se hallan los inmigrantes son también motivo de fricción entre Gobierno y oposición. El líder del PP, Pablo Casado, tras visitar el 21 de noviembre el muelle, culpó al Gobierno del colapso migratorio en las islas. "Ha pasado del Open Arms y el papeles para todos a las devoluciones en caliente", dijo.

Y de fondo, el papel de Marruecos, cuyas autoridades gestionan el territorio desde donde parten las embarcaciones cargadas de inmigrantes, suscita recelos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha llegado calificar el aumento de la llegada de inmigrantes como un intento de este país para "presionar" y "chantajear" al Gobierno español. En su opinión, Marruecos estaría "utilizando a Canarias como moneda de cambio" para que España "no se interponga en sus planes expansionistas" en el Sahara Occidental.

Recordamos que los enfrentamientos armados entre el ejército marroquí y las fuerzas del Frente Polisario se han reanudado tras un alto el fuego que duraba ya 29 años. Morales vincula el aumento del flujo migratorio con la legislación aprobada por Rabat para extender su espacio marítimo frente al archipiélago canario y con el "ataque del ejército marroquí a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente" en la brecha de El Guerguerat, el paso fronterizo con Mauritania.