El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este 22 de noviembre que es necesario "activar políticas de solidaridad en todo el país" para atajar la crisis migratoria en Canarias, unas palabras que no casan del todo bien con los planes aprobados desde el Palacio de la Moncloa.

Actualmente siguen en las instalaciones portuarias unas 600 personas, que se suman a las cerca de 6.000 transportadas de forma temporal a complejos hoteleros, por lo que el plan del Gobierno apenas alcanza para realojar a quienes ya están en las islas.
Pese a ello, el Gobierno dejó meridianamente claro que no se hará ningún traslado de los migrantes a otros territorios de España para aliviar la presión en el archipiélago.
"Cuando se habla de traslado a la península yo lo que digo es que hay que luchar contra la inmigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa", dijo el 20 de noviembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita a Marruecos.
Barrera geográfica
Los mapas políticos de España suelen representar a las Islas Canarias mediante un pequeño recuadro en su parte inferior izquierda, lo que de cierta manera distorsiona la percepción sobre cuál es la localización real del archipiélago.
Gran Canaria, la capital administrativa de las siete islas, se encuentra a unos 200 kilómetros de las costas del África Occidental, mientras que son 1.700 los kilómetros que la separan del territorio peninsular de España.
Por ello, aunque Canarias es territorio europeo, el bloqueo del Gobierno a cualquier clase de traslado convierte a las islas en un tapón que contiene la crisis migratoria lo más lejos posible —al menos geográficamente— del corazón de Europa.
"Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la Unión Europea: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias", dijo el 20 de noviembre el presidente autonómico de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien recordó de forma reiterada que las islas "son Europa".
"Lo tenemos que resolver en conjunto como país y como continente", insistió este 23 de noviembre.

Este mismo 23 de noviembrer una jueza de las Islas Canarias calificó como "deplorables" las condiciones de hacinamiento del Puerto de Arguineguín en respuesta a una denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán, la localidad en la que se encuentra el muelle.
El bloqueo avalado por el Gobierno es incluso criticado por algunas voces del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez. En concreto, el senador Javier de Lucas —catedrático en Filosofía del Derecho y uno de los mayores expertos en migraciones del país— compartió este 23 de noviembre un texto en redes sociales pidiendo el traslado de migrantes a la península.
A su modo de ver, el modelo adoptado por el Gobierno "reproduce a escala nacional la misma lógica de la Unión Europea que quiere que los tres países del sur (Grecia, España, Italia) carguen con todo el peso de las llegadas de inmigrantes irregulares".
Enfoque exterior
Mientras se aviva la polémica interna por el rechazo a los traslados, el Gobierno de España puso a trabajar la máquina diplomática para rebajar la presión migratoria mediante la cooperación con los países de origen.
El aumento de las llegadas a Canarias se debe a la incorporación de nuevos perfiles a la ruta migratoria a causa del impacto económico de la pandemia en países como Mali, Mauritania Senegal, Marruecos y el Sáhara Occidental.
Además de la visita a Marruecos del ministro del Interior, este fin de semana se desplazó a Senegal la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
En ese viaje, la canciller cerró acuerdos con Dakar para enviar a la costa senegalesa un avión de vigilancia marítima y un buque oceánico con los que reforzar la vigilancia contra las redes criminales que organizan las travesías en la ruta a Canarias.
Del mismo modo, tal y como ya se hizo con Mauritania, se llegó a un acuerdo para retomar en breve los vuelos de repatriación de migrantes a Senegal, paralizados por la pandemia.
Más allá de estos acuerdos, la jefa de la diplomacia española utilizó su viaje a Senegal para lanzar una advertencia: "Quien utilice vías ilegales tendrá que volver a su país".
El senador Javier de Lucas también se mostró crítico con este enfoque, ya que a su modo de ver supone "insistir en lo fracasado" porque la movilidad migratoria no se frena con "vallas, vuelos o barcos de expulsión".
Esta afirmación se encuentra avalada por los estudios de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que esta misma semana —tras subir a 511 el recuento de fallecidos en la ruta a Canarias este 2020— volvió a recordar que la población del África Occidental está dispuesta lanzarse al mar "sea cual sea el riesgo".