Cambio de comando en Carabineros: crónica de una renuncia tardía

Un año con 10 meses y 25 días permaneció en su cargo Mario Rozas Córdova, período en el que el estallido social produjo más de 2.340 querellas en contra del actuar policial. La lista de violaciones incluye muertes, golpizas, disparos dentro de un liceo, 400 víctimas con daño ocular y el empujón de un adolescente de 16 años en un puente de Santiago, entre otros abusos. 

Pero no fue hasta lo sucedido el pasado 18 de noviembre que se dio la renuncia del jefe de Carabineros, el tercero durante la Presidencia de Sebastián Piñera. En un hogar del Servicio Nacional de Menores, en Talcahuano, al sur de Chile, dos menores de edad resultaron heridos tras disparos efectuados por policías. La salida de Mario Rozas fue esperada durante largos meses por una ciudadanía movilizada y por organismos de derechos humanos. 

"Lo que la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio espera y exige es que cese la represión desatada por el Gobierno a partir del 18 de octubre del año pasado, en contra de quienes han ejercido el legítimo derecho a la protesta social", señala a Sputnik Carlos Margotta, abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

¿Qué pasó con Carabineros?

Mario Rozas asumió la dirección de Carabineros el 21 de diciembre de 2018 en reemplazo de Hermes Soto, general en retiro, quien dejó el mando policial tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de policías. Soto por su parte había llegado a la máxima jefatura de la entidad armada tras la salida de Bruno Villalobos, quien debió dejar su cargo un día después que Piñera asumiera la Presidencia debido a la revelación de un millonario desfalco institucional y por la controvertida Operación Huracán contra comuneros mapuche.

La llegada de Rozas, quien es periodista y magíster en Comunicación Estratégica, buscaba aminorar los cuestionamientos a sus antecesores. Sin embargo, hoy acumula 36 querellas presentadas en su contra por delitos asociados al control del orden público y violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Las indagatorias pretenden establecer el nivel de conocimiento que tenía el alto mando sobre las actuaciones policiales y si hubo acciones para encubrir y exculpar de responsabilidades a los carabineros autores de los delitos.

Delitos que fueron recogidos y denunciados además en distintos informes internacionales, que daban cuenta de "graves violaciones de derechos humanos". La organización Human Rights Watch, por ejemplo, señaló el "uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones". Asimismo se identificó el aumento del uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios y lanzagases durante las protestas sociales desde octubre de 2019. 

En ese contexto se produjo una serie de episodios dramáticos que marcaron el paso de Rozas por la dirección de Carabineros. Entre ellos, el 5 de noviembre de 2019, el mayor Humberto Tapia protagonizó una brutal represión al disparar una escopeta con perdigones en el interior de un liceo de niñas en Santiago, a pocos metros de distancia de un grupo de alumnas, de las cuales dos resultaron heridas.

Pasados apenas tres días, el teniente coronel Claudio Crespo disparó en medio de manifestaciones al rostro del joven Gustavo Gatica y le causó graves lesiones en ambos ojos, lo que finalmente lo dejó ciego. En ese entonces, Mario Rozas afirmó que se había enterado de lo sucedido por la prensa.

El uso indiscriminado de balines y bombas lacrimógenas lanzados contra los ciudadanos generó lo que el Colegio Médico de Chile llegó a catalogar como una "epidemia de lesiones oculares". Aun así, los escándalos no mermaron al entonces director, quien insistió que no tomaría medidas en aquel momento:

"A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, a nadie, aunque me obliguen no lo voy a hacer", expresó el 13 de noviembre de 2019.

Su declaración caló más hondo dos semanas después, cuando una madre de tres hijos recibió el disparo de una bomba lacrimógena directamente en su rostro mientras se dirigía a su lugar de trabajo en las cercanías de su casa en la zona sur de Santiago. El autor del disparo, el capitán Patricio Maturana, intentó ocultar lo sucedido junto al resto de los funcionarios presentes, según las investigaciones, y no le prestaron auxilio a la víctima, Fabiola Campillai, quien perdió los sentidos de la vista, el gusto y el olfato a causa del impacto.

Ya en marzo de 2020, Rozas se eximía de cualquier responsabilidad en sus declaraciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por los casos de Fabiola y Gustavo: "Desconocemos lugares, horarios, situaciones, pero no obstante eso, hemos entregado todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que se inicie la investigación penal".

Las primeras víctimas fatales 

El 20 de diciembre del 2019, durante otro viernes de protestas en la rebautizada Plaza de la Dignidad, el joven de 20 años, Óscar Pérez, fue atropellado por un carro lanzagases conducido por el cabo de Carabineros, Mauricio Carrillo, quien lo aplastó contra otro carro blindado. La institución los calificó el hecho como un accidente de tránsito, mientras la ONU condenó el hecho y Human Rights Watch lo calificó de "brutalidad extrema".

Solo nueve días después en el mismo sector de la Plaza de la Dignidad, y mientras escapaba del carro lanzaguas, el maestro yesero Mauricio Fredes, de 33 años, cayó a una fosa de 1,8 metros de profundidad y murió por asfixia por sumersión. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra Mario Rozas por la eventual responsabilidad de Carabineros en el caso junto al Intendente Felipe Guevara. 

A la muerte de Fredes se sumó la del hincha del equipo de fútbol Colo Colo, Jorge Mora, quien el 28 de enero se encontraba a las afueras del estadio Monumental y tras un partido en dicho recinto fue violentamente atropellado por un camión de Carabineros conducido por el funcionario Carlos Martínez Ocares, quien tras el impacto no detuvo su marcha. Este hecho provocó la reacción de distintos sectores sociales y políticos, quienes junto con lamentar lo sucedido insistieron en la renuncia del general Rozas y el cese inmediato de funciones del jefe de Fuerzas Especiales de la Región Metropolitana.

​Con respecto a la muerte de Mora, la encargada del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, dijo: "Yo solo quiero hacerles una reflexión, si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy día estaría lamentando, quizás, la muerte de los funcionarios".

Otra de las actuaciones que generaron gran polémica fue la golpiza recibida por el adulto mayor Patricio Bao, de 69 años, por parte de un efectivo de Carabineros en la conmemoración del último 8M. Tal fue la reacción pública al hecho, que el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo calificó como brutal. La institución por su parte acusó a Bao de infringir la normativa al agredir a uniformados.

Homenaje a un exmilitar de la dictadura y represión a menores de edad 

En agosto, Carabineros quiso cambiar de nombre de su Academia de Ciencias Policiales y bautizarla Rodolfo Stange, en homenaje a quien fuera máxima autoridad de la Policía uniformada e integrante de la Junta Militar durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. El renombramiento de la academia, mediante la orden general N° 2787 de Carabineros, con fecha 13 de agosto y firmada por Mario Rozas, abrió un flanco inesperado al Gobierno y puso nuevamente en cuestión al general director, a quien el Ejecutivo solicitó revertir la decisión.

Dos semanas antes que se cumpliera un año desde el inicio de la revuelta social, un menor de edad de 16 años fue empujado desde el puente Pío Nono al río Mapocho por el carabinero Sebastián Zamora, durante un nuevo viernes de protestas en el sector de Plaza de la Dignidad.

Tras el hecho y después de difundidos videos en que se aprecia el actuar policial,  hubo declaraciones contradictorias sobre lo sucedido, junto con la intromisión de otros funcionarios para acordar una versión, además de las declaraciones del propio Mario Rozas, quien fue convocado a la Cámara de Diputados por este caso, donde aseguró que no iba a presentar su renuncia.

Lo cierto es que fue el procedimiento policial y posterior disparo a dos menores dentro de un hogar colaborador del Sename lo que provocó finalmente la salida de Rozas de la dirección de Carabineros. Ello a pesar de las constantes acusaciones de violaciones de derechos humanos desde diferentes sectores, organizaciones y partidos políticos, y que demostraron que el general director siempre contó con el respaldo del Gobierno. Apoyo que se acabó y dio término a un mandato marcado por las polémicas, pero que para muchos no asegura que la institución cambie sus malas prácticas.

Opinión que sostiene Carlos Margotta, al recordar que en abril de este año la Dirección de Estudios de la Corte Suprema señaló a Carabineros como la principal institución que ha "incurrido en delitos de DD.HH. perpetrados en el contexto del estallido social, con el 92,9% del total de los casos. Y las violaciones a los derechos humanos atribuibles a Carabineros han continuado hasta el día de hoy".

Por ello para el profesional no es un buen pronóstico que el presidente de la República, al momento de reemplazar al ex General Director Mario Rozas, le haya expresado su admiración y gratitud, "porque con ello da cuenta que las autoridades políticas han propiciado y amparado las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado, mayoritariamente por funcionarios de Carabineros". 

Para Margotta, está pendiente una reestructuración real y profunda del conjunto de las instituciones armadas, no solo de Carabineros, desde el inicio de la transición. Porque constituye una de las medidas que debe adoptar todo Estado posdictatorial, como parte de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Y porque para el abogado, los que deben responder son los superiores jerárquicos, y considera "que una verdadera reestructuración de todas las instituciones armadas, solo podrá ser realizada por un Gobierno legitimado social y políticamente. Y no por el actual, que no goza de la confianza ciudadana y cuya máxima autoridad, tiene la condición de querellado, en múltiples procesos penales sustanciados para investigar crímenes contra la humanidad", concluye.