La reforma educativa en España se somete a su definitiva aprobación

La reforma educativa afronta sus últimos trámites parlamentarios. La llamada Ley Celaá o Lomloe deberá cosechar una mayoría cualificada de votos antes de pasar al Senado. Antes se han discutido las últimas enmiendas, relativas al dictamen de la Comisión de Educación y Formación Profesional, admitido el 13 de noviembre.

La ley ha recibido las críticas del PP desde la Tribuna, Sandra Moneo ha asegurado que "es un proyecto que liquida el sistema y la igualdad de oportunidades. Destierra el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos".

También ha criticado la normativa Ciudadanos, que la ha calificado como "un ataque a la libertad de elección a las familias, un intento de engaño a nuestros socios europeos, la demolición del acuerdo competencial en educación y un mercadeo zafio con los derechos lingüísticos y fundamentales por un puñado de votos".

Otros grupos, como Podemos celebran la una ley con la que "ponemos punto y final a la LOMCE y su modelo elitista, segregador y retrógrado". Desde la formación morada aseguran que "hoy por fin blindamos la inmersión lingüística y la escuela pública" y ha acusado a la derecha de intentar "boicotear esta ley por tierra, mar y aire".

Una vez votadas las enmiendas presentadas por los grupos de la Cámara, se procederá a la votación del dictamen con las modificaciones que hayan sido aprobadas. Para su aprobación, la votación del conjunto de la nueva Ley Orgánica de Educación requiere de una mayoría absoluta del Congreso. Después el proyecto se remitirá al Senado para culminar su tramitación parlamentaria.

En caso de que en la Cámara Alta no se vete ni enmiende, la reforma quedaría definitivamente aprobada y lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si por el contrario el Senado decidiera introducir cambios, el proyecto de ley se devolvería al Congreso, que habría de debatir si los admite o revoca. La previsible aprobación de la Ley Celaá discurrirá con el telón de fondo de la campaña de protestas que la oposición ha decidido iniciar. El Partido Popular tiene previsto organizar recogidas de firmas y actos de protesta en cada provincia en conjunción con los sectores educativos implicados.

Además de recurrir el nuevo texto legal ante el Tribunal Constitucional, la formación que lidera Pablo Casado tiene intención de unirse el 22 de noviembre a las manifestaciones convocadas en toda España por el sector de la educación concertada, que estima que la nueva ley atenta contra su modelo.