Un funcionario estadounidense aseguró al diario que los fiscales del Distrito Este de Nueva York atribuyeron el acuerdo diplomático entre Washington y México a "amenazas del Gobierno mexicano de limitar el papel de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el país".
Por otra parte, un funcionario mexicano confirmó al medio estadounidense que la DEA podría ser excluida. Luego de la detención de Cienfuegos, ocurrida el 15 de octubre, las autoridades mexicanas consideraron que el Departamento de Justicia había violado la soberanía de México, ya que los delitos imputados al exsecretario de la Defensa habrían sido cometidos en ese país.
Una vez que se dio a conocer la decisión de Estados Unidos de retirar los cargos contra Salvador Cienfuegos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, celebró la decisión.
"No la vemos como el camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas y significa que las bases que existen de cooperación y seguridad podrán mantenerse", aseveró.
Asimismo, horas después el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que buscaría desestimar los cargos contra el general, entre los que se encuentran la supuesta protección a narcotraficantes y otros delitos como conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos y lavado de dinero, para que pueda ser investigado por las autoridades de México.
A su vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó durante su rueda de prensa del día 18 de noviembre que no hay nada oculto ni nada a cambio en la negociación para repatriar al exsecretario de la Defensa.
Salvador Cienfuegos fue señalado por la DEA por supuestamente colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva para enviar toneladas de droga a los Estados Unidos. La DEA también acusó que el secretario de la Defensa recibió sobornos del narcotraficante Juan Francisco Patrón, 'H2', lugarteniente de una de las células de los Beltrán Leyva en el estado de Nayarit.
El canciller Ebrard expuso que el 11 de noviembre las autoridades de Estados Unidos entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 700 documentos con evidencias que apoyaban la acusación penal en contra del general Salvador Cienfuegos.
Según La Jornada, tras el arresto del exfuncionario mexicano, diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciaron sus investigaciones, pero no encontraron evidencias que involucraran al exsecretario con alguna organización criminal.
