Endeudarse para desendeudarse: Argentina negocia crédito con el FMI

El Ejecutivo conducido por Alberto Fernández no ha tenido respiro desde que asumió en diciembre del año 2019. Si bien el presidente contaba con la dura recesión económica, el empobrecimiento de la población y el endeudamiento récord del país, el COVID-19 deterioró aún más la economía y desbarató la mayoría de los planes que tenía para que ingresaran dólares al país. Moneda muy necesaria, entre otras cosas, para pagar la abultada deuda externa.

De todas formas, en los primeros 11 meses de gestión, Fernández anotó un par de victorias. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Pablo Nemiña explicó que del plan de cuatro etapas trazado para renegociar el pasivo del país, el Gobierno ya cumplió dos: la reestructuración de la deuda con los acreedores privados en legislación extranjera y la asumida bajo legislación nacional.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) —tercer escollo— ofrece nuevos desafíos. Primero, porque a diferencia de los acreedores anteriores, no acepta quitas, lo que deja al país con la única opción de volver a endeudarse para pagar. Segundo porque ese endeudamiento viene fuertemente condicionado.

"Entre 2021 y 2024 Argentina tiene que pagar 44.000 millones de dólares, una cifra que equivale al total de las reservas, con el agravante de que la concentración es muy alta. Hay pagos en 2022 y 2023 de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares". 

"Entonces lo que se busca es firmar un nuevo acuerdo que permita calzar desembolsos nuevos para enfrentar los pagos y de esa forma, en los hechos, obtener  una refinanciación", explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Nemiña, quien también se desempeña como investigador en la Universidad Nacional de San Martín y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aclaró que el problema que ofrece este camino es la elección del tipo de préstamo a contraer y el monto. Ante ello el Gobierno anunció que optará por un crédito de facilidades ampliadas, y no uno de stand by como el contraído en 2018.

"Este a diferencia del stand by tiene el gran beneficio de un cronograma de repago mucho más holgado. Los stand by se repagan en tres a cinco años y los de 'facilidad ampliada' entre los cuatro y 10 años", señaló.

"Si Argentina consiguiera un nuevo 'stand by' a partir del 2026, 2027 y 2028 tendría pagos por más de 11.000 millones de dólares cada año. Mientras que con uno de facilidades ampliadas, recién en el año 2030 aparecen compromisos que nunca van a superar los 4.500 millones de dólares por año", añadió. 

"El problema de esto es que nada es gratis. A cambio, los programas de 'facilidad ampliada' suelen tener una carga de condicionalidad estructural más alta que los 'stand by'. Entonces yo creo que ahora la gran discusión es cuál va a ser la agenda de condicionalidades y reformas que va a estar incluida en este acuerdo, de manera que no ahogue el incipiente crecimiento que se empieza a observar en la economía", completó.

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