El Gobierno de México va a "esperar a que en EEUU, ahora en la mañana [de este 18 de noviembre], decidan sobre esta petición, porque todavía no concluye este trámite, hay que esperar a que la jueza resuelva de la petición de la Fiscalía de EEUU, en conjunto con la Fiscalía de México", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.
La jueza Carol Bagley Amon del distrito Brooklyn, Nueva York (este), es la encargada del proceso del alto jefe castrense mexicano, que fue detenido el 15 de octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, California (oeste) y trasladado para ser procesado en la corte de esa ciudad estadounidense del este.
López Obrador respondió a una pregunta sobre supuestas presiones de las Fuerzas Armadas, afirmando que no se oculta nada en el acuerdo alcanzado por los fiscales generales de ambos países, el estadounidense William Barr y el mexicano Alejandro Gertz Manero.
El Gobierno de México hizo la solicitud formal para que Cienfuegos enfrentara a la justicia mexicana, porque antes de la detención, las autoridades de EEUU no informaron de las investigaciones, que duraron varios años, antes del arresto del general.
Para fundamental el acuerdo entre las fiscalías de ambos países, "existe un acuerdo de cooperación de años atrás en esta materia, pero no se hacía valer, y fue violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información, hasta que el embajador de EEUU le informó de la detención al canciller" Marcelo Ebrard, el mismo día de la detención, agregó el presidente.
El Gobierno mexicano esgrimió que esa cooperación debe realizarse como un "Estado libre y soberano".
"No vamos a permitir, en ningún caso, que se fabriquen delitos, tiene que haber sustento, tiene que haber pruebas, y ninguna persona tiene que ser víctima de una injusticia (…); si la fiscalía [mexicana] encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga".
Finalmente expresó que "la conducta de un oficial, por importante que sea no debe manchar a toda una institución", como las Fuerzas Armadas.
La gestión diplomática
Ebrard habló con el fiscal Barr y con el embajador estadounidense Christopher Landau, pero "no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento ni de subordinación política, ni de nada", agregó López Obrador.
Tras la detención, el 15 de octubre pasado, a poco más de dos semanas de los comicios presidenciales en EEUU, el Gobierno de México realizó una gestión diplomática.
Por su parte, Ebrard dijo en la misma conferencia que la audiencia está programada en Nueva York para que la jueza conozca y decida respecto a esta solicitud que ha hecho la Fiscalía de EEUU.
La petición consiste en desestimar los cargos y trasladar a México al general Cienfuegos, para entregarlo a las autoridades mexicanas.
En la gestión diplomática, la Cancillería mexicana expresó que para que exista cooperación "debe haber confianza".
Debe haber "confianza en nuestras instituciones y nuestro sistema legal, entre nosotros y los funcionarios de EEUU", expuso el canciller.
De lo contrario, sin confianza, "es muy difícil, por no decir casi imposible llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen, que la cooperación se mantenga sobre el respeto a la soberanía y a la jurisdicción mexicana", dijo Ebrard.
El proceso para establecer si existen delitos que imputa EEUU al general Cienfuegos quedaría en manos de la Fiscalía mexicana.
El canciller detalló que, para la decisión sin precedentes de un fiscal general de EEUU, fue invocado un acuerdo de 1992, sobre la agencia antidrogas de EEUU (DEA), que establece compartir información y actuar con base a las leyes mexicanas, e intercambio de información.
Según la acusación, Cienfuegos habría cobrado sobornos por proteger al llamado Cartel del H, sucesor del mermado Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, con base en escuchas de las llamadas y mensajes electrónicos del general.