Después de algunos meses de demora, producto de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, finalmente cumplió con su promesa de campaña, reiterada al inicio de las sesiones legislativas del 1 de marzo, y presentó un proyecto de ley para legalizar el aborto y garantizar la atención sanitaria en todo el país de quienes lo elijan.
"El proyecto del Ejecutivo en algunos puntos es similar al presentado por la Campaña y otros son más controversiales. Hay dos que nuestro proyecto no contiene y que nos parece que podrían ser obstáculos en la implementación y la garantización de este derecho. Uno es la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud y otro es que cualquier persona gestante que interrumpa su embarazo después de la semana 14 podría recibir una pena", dijo a Sputnik Yanina Waldhorn, integrante del comité organizador de la Campaña.
En Argentina hay 39.025 internaciones por aborto inseguro por año y, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el 2019, al menos 3.200 mujeres murieron por esta causa. Se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año, 54 por hora. Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar, explican desde la Campaña, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.
"Nos estamos organizando con las compañeras trabajadoras de la salud, abogadas, docentes, que implementaremos y llevaremos adelante la ley, para pensar cuales son los nudos de contacto, para que cuando se discutan a la par los proyectos podamos tener una voz que llegue clara sobre qué puntos son más o menos renunciables, discutibles, negociables o consensuables para nosotras", continuó Waldhorn.
Sin embargo, en los hechos esto no se respeta en gran parte del país, donde en la mayoría de los casos existe una ausencia de apoyo del aparato judicial y de respeto de las instituciones sanitarias a los protocolos hospitalarios para que el procedimiento se realice en tiempo y forma.
"Hoy estamos sosteniendo más de 50 acciones a nivel federal a lo ancho y largo del país. Queremos que el tratamiento sea rápido, profesional, científico, con los argumentos de la salud pública, de la justicia social y de los derechos humanos", cerró la activista feminista y docente.
Reacción y resistencia de los pañuelos azules
"El proyecto de legalización del aborto que se presentó es un disparate nuevamente. Avala el aborto sin necesidad de invocar una causal antes de las 14 semanas y si es después, puede realizarse invocando causales que son muy laxas, como la salud integral, que podría ser psicológica, o sin necesidad de demostrar si hubo violación", dijo a Sputnik Elías Badalassi, abogado, militante a favor de salvar las dos vidas y coautor del libro El nuevo genocidio.
"No les interesa en realidad que el proyecto salga, es simplemente un guiño para dejar calmados a intereses internacionales. No tiene apoyo oficialista, ni en Diputados ni en el Senado. Por la situación en nuestro país, hay muchos otros problemas para resolver antes. El aborto está muy por debajo de las principales causas de muerte femenina. Presentar un proyecto hoy día es un despilfarro", opinó.
La propuesta de legalización del aborto del presidente vino acompañada de otro proyecto de ley paralelo para ofrecer protección durante los primeros 1.000 días de vida a los niños y niñas, destinado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
A la medida se llegó luego de encuentros con las principales entidades religiosas del país, en un intento por calmar el esperable rechazo de los sectores de la sociedad más conservadores, que consideran repudiable que el Gobierno no contemple una mayor contención a quienes eligen llevar a cabo sus embarazos.
El programa propone cuatro instancias de atención: la primera, durante el embarazo, que comprende desde su detección hasta el parto; la segunda, desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, con foco en la lactancia; la tercera, desde la incorporación de los primeros alimentos por fuera de la leche materna hasta el primer año de edad; la cuarta, hasta la edad de tres años, con foco en la nutrición.
El plan, que tiene un antecedente en la provincia de San Juan, busca reducir la mortalidad, malnutrición y desnutrición de las personas gestantes y de sus hijos e hijas y prevenir la violencia al proteger los vínculos tempranos, el desarrollo emocional, físico y de salud de manera integral.
