En esa orden el Gobierno argumenta que el derecho a la información está "cada vez más amenazado por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
Con la creación de este comité, España establece un instrumento necesario para participar en los mecanismos impulsados por la Unión Europea para ofrecer "respuestas coordinadas y conjuntas a las campañas de desinformación".
La comisión permanente contra las noticias falsas actuará en coordinación con otros órganos como el Consejo de Seguridad Nacional o la Secretaría de Estado de Comunicación, de la que se detalla de forma específica que trabajará de la mano con la Presidencia del Gobierno.
Entre las funciones de la comisión estará establecer una metodología para "definir" y "gestionar" posibles "eventos desinformativos", además de proponer la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
El primero establece la capacidad a nivel técnico para realizar la alerta temprana de posibles campañas y notificar su existencia.
El segundo tendrá la capacidad de convocar al comité permanente para analizar esa alerta y definir propuestas de actuación, pudiendo incluso elaborar una campaña de comunicación pública para contrarrestarla.
El tercero estará centrado en la gestión estratégica de la crisis y el cuarto apela a una respuesta del Consejo de Seguridad Nacional, en caso de que la campaña de desinformación esté atribuida a un tercer Estado
