"A un año del denominado estallido social, Chile ha recuperado su normalidad, aunque deberá seguir trabajando para controlar, con estricto apego a la ley, a grupos violentistas", señala el informe.
El documento explica que el estallido social fue un evento "que mezcló manifestaciones pacíficas y eventos de inusitada y desconocida violencia", evolucionando hacia "una crisis política que se encausó pacíficamente a través de un acuerdo alcanzado por todas las fuerzas políticas para convocar a un plebiscito y redactar una nueva Constitución".
La Cancillería aseguró que el Gobierno se hará cargo de las demandas sociales y que buscará promover una sociedad más integrada, con plena incorporación de sus sectores más vulnerables y de los pueblos originarios, e impulsar una economía más inclusiva, con menores desigualdades.
El estallido social fue un movimiento ciudadano que tuvo su origen el 18 de octubre de 2019 con una violenta jornada de incidentes e incendios, y cuyas demandas dieron paso al plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, donde un 78% votó a favor de una nueva Carta Magna.
