"Efectivos militares negaron el acceso para las inspecciones en el 4to Destacamiento Militar, alegando desconocimiento de las diligencias, a pesar de que las autoridades de la Presidencia y el Ministerio de Defensa fueron notificadas en una audiencia el pasado 28 de agosto", confirmó la organización ciudadana Cristosal, querellante en el caso.
El nuevo desacato de la referida resolución ocurrió un día después de confirmarse que el presidente Nayib Bukele no desclasificó ningún archivo relacionado con la matanza, como dijo el mandatario en cadena nacional para justificar los bloqueos.
El abogado David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, reveló que las cajas enviadas por Bukele contenían un fajo de fotocopias con información que ya tenía el juez Jorge Guzmán, del tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del proceso.
Para la organización Tutela Legal María Julia Hernández, representante de los sobrevivientes de El Mozote, las acciones de la FAES con la venia del presidente Bukele demuestran que "seguirán ocultando y protegiendo a los criminales de guerra y violadores de derechos humanos".
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos y graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.
