La gravedad de la situación requiere aplicar criterios comunes para que toda España dé una respuesta coordinada a la crisis.
Las comunidades autónomas pueden evaluar el riesgo en su territorio teniendo en cuenta indicadores de transmisión (incidencias, la positividad y la trazabilidad) y de utilización de servicios hospitalarios. El resultado de cada uno de los parámetros quedará por encima o por debajo de un umbral —establecido en base a la ciencia— que permitirá determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo.
Los datos obtenidos en una misma comunidad autónoma se combinarán, lo que posicionará a cada uno de esos territorios en un nivel de alerta que va del 1 al 4. Dicho nivel puede subir o bajar de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica, pero la Moncloa recalca que, para que se descienda de nivel, los indicadores deberán permanecer en un riesgo menor al menos 14 días.
Es tarea de las comunidades autónomas decidir qué medidas se aplican y cuándo, prestando especial atención a sectores más vulnerables como los sociosanitarios. Es tarea conjunta de estas y del Ministerio de Sanidad determinar si se mantiene o se modifica el nivel de alerta y las consiguientes medidas.
El documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 forma parte del Plan de Respuesta Temprana. Dicho plan fue aprobado en julio y revisado periódicamente para ajustarse a la situación del coronavirus en cada momento.
