"La orden judicial requiso a la junta "ad hoc" de Guaidó hacer una transferencia inicial de 400.000 libras esterlinas [unos 525.000 dólares] para el 20 de octubre y el pago no se ha efectuado", confirmó a Sputnik un portavoz del despacho Zaiwalla & Co, representantes legales en Londres del Banco Central de Venezuela.
Los tres jueces concluyeron que existe la "posibilidad de que el Gobierno británico pueda reconocer implícitamente al señor Maduro como presidente 'de facto' de Venezuela", según reafirman por escrito el 13 de octubre.
El documento judicial confirma además la adjudicación de las costas del proceso de apelación al equipo del presidente chavista, mientras que ambas partes deberán costearse sus gastos respectivos incurridos en los tribunales anteriores.
"Cuando una parte incumple la Orden Judicial deliberadamente, aunque tiene medios para hacerlo, el tribunal puede imponer sanciones, incluida la posibilidad de anularles el caso", señaló Sarosh Zaiwalla.
Los abogados aseguran no haber recibido la transferencia de 400.000 libras que el Tribunal de Apelación impuso a los representantes de Guaidó en el pleito por el oro venezolano.
"El BCV quiere exactamente lo que buscó al inicio de este proceso: la habilidad de gestionar los activos de Venezuela sin una interferencia internacional dirigida a precipitar el cambio de régimen", señaló el abogado.
Zaiwalla recordó que parte de las reservas de oro "se enviarán directamente al Programa de Desarrollo de la ONU para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria por el COVID-19".
Los socios del despacho londinense confían en que el Banco de Inglaterra no interponga nuevos obstáculos —en relación, en particular, con el régimen de sanciones contra Venezuela— si el consejo del presidente Maduro gana el pleito en los tribunales ingleses.
