"Nos pusimos a disposición y a la espera de que nos vayan tomando los testimonios y con la esperanza de que en este caso se llegue al fondo de la cuestión", dijo a Sputnik el abogado y querellante Luis Tagliapietra.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que tiene por objetivo supervisar las actividades de inteligencia, formó una subcomisión para indagar en los presuntos seguimientos de los que fueron objeto los allegados de los 44 tripulantes del navío siniestrado el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino.
El fiscal decidió impulsar la investigación con diversas medidas de prueba el pasado 24 de septiembre, un día después de la denuncia formulada por la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien solicitó la indagatoria del exdirector del organismo Gustavo Arribas; de la exsubdirectora Silvia Majdalani, y del expresidente Macri, entre otros.
Los familiares de los 44 submarinistas se presentaron como querellantes en la pesquisa judicial, y el 15 de octubre también se constituyeron como parte interesada ante la Comisión Bicameral del Congreso.
"Hemos acompañado numerosas pruebas que básicamente aportamos en sede judicial en distintos momentos después de muchos sinsabores en ese sentido, ya que no prosperó ninguna de las anteriores denuncias", refirió el abogado.
A su juicio, "se nota un fuerte compromiso tanto de la justicia de Mar del Plata como de la Comisión Bicameral para llegar a la verdad y que los responsables rindan cuentas".
Espionaje prolongado
Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, que tenía 27 años cuando zarpó el buque por última vez de la ciudad patagónica de Ushuaia (sur) el 8 de noviembre de 2017, refirió que las pruebas dan cuenta de que los actos de espionaje tuvieron lugar "desde enero de 2018 hasta el año 2019, sin que se pueda determinar todavía el mes o el día".
“Esto está relacionado con los tres discos rígidos que halló la intervención de la AFI en una de las agencias de Mar del Plata [donde el San Juan tenía su atracadero habitual], lo que no significa que haya sido solamente eso”, señaló el querellante.
Los familiares de los submarinistras, de hecho, ya habían denunciado que algunos de sus teléfonos habían sido intervenidos y que fueron hackeadas cuentas de correo electrónico.
Para el abogado, que también es querellante de la causa judicial que investiga las responsabilidades del naufragio del buque, "esto es la punta del ovillo, pues a partir de acá surgirán más evidencias".
El San Juan, que en su último contacto con tierra informó que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, era uno de los tres submarinos que poseía la Armada argentina.
