"O el Gobierno miente sobre la destrucción de los archivos militares, o esa documentación se destruyó de manera ilegal. En todo caso, ¿a quién protege la Fuerza Armada? A criminales de guerra", declaró Morales a la prensa reunida ante el Archivo General de la Nación, en esta capital.
El equipo judicial que recaba información documental sobre la masacre perpetrada en El Mozote logró acceder el jueves a un archivo civil, después que la FAES le bloqueara el acceso a los archivos de cuatro instalaciones militares, con el aval del actual Gobierno de El Salvador.
El también director de litigios de la organización de derechos humanos Cristosal, espera que en la diligencia judicial realizada el jueves surjan indicios del paradero de la documentación que, según el jefe de Estado, fue destruida durante los últimos 40 años.
El experto señaló que, si el Archivo General cumplió con la ley y sus responsabilidades, tenía que haber participado en todo proceso de destrucción de documento militares, y haber consignado en acta qué fue lo destruido.
"Tanto el anterior ministro de Defensa, David Mungía Payés, como Bukele han sostenido la tesis de la supuesta destrucción de los archivos militares, pero no han respaldado sus palabras con evidencias, ni nunca acudieron a la Fiscalía a denunciar una supuesta destrucción ilegal", enfatizó Morales.
En la Sala Pública del Palacio Nacional, la perita guatemalteca Velia Muralles y dos colegas salvadoreños inspeccionan los archivos disponibles mediante el método de expurgo, que consiste en una depuración de la documentación que podría estar relacionados a la matanza.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador (1980-1992) dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos y graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.