La demanda ante el Tribunal de París fue presentada el 13 de octubre por Miriam Saage-Maasz, integrante del Centro europeo por los derechos constitucionales y humanos.
En su escrito inicial piden que el Juez actuante revise el plan de vigilancia de la empresa EDF, una exigencia estipulada por la legislación francesa que obliga a las empresas a medir su impacto en la calidad de los derechos humanos que generen con sus proyectos.
"En Francia existe una ley de vigilancia que creó la obligación legal para las compañías de analizar sus acciones según el riesgo que impliquen para los derechos humanos", explicó Saage-Maasz durante la presentación en México del pleito en Europa.
La expectativa es que la primera audiencia del caso pueda realizarse entre los días 20 o 21 de octubre y que atienda dos temas prioritarios:
- El vínculo entre EDF y las empresa contratistas que han actuado contra la garantía de los derechos humanos del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo,
- Que el Juez ordene la suspensión del proyecto hasta que se haya garantizado el cumplimiento de la mencionada ley de vigilancia.
"Este caso puede sentar un precedente sobre las obligaciones sobre el deber de vigilancia para EDF y también para toda la industria de generación de energía", agregó Alejandra Anchieta, Directora y fundadora del Proyecto de derechos económicos, sociales y culturales (Prodesc).
El proyecto eólico de EDF
Los integrantes de la Asamblea de comuneros de Unión Hidalgo han visto cómo la llegada de diversos proyectos eólicos durante la última década al Istmo de Tehuantepec — también conocido como el Corredor Interoceánico — en el estado sureño de Oaxaca han modificado la fauna y la dinámica locales.
"Aunque en los medios de comunicación así lo señalen, la energía eólica no es limpia, nosotros observados daños al ambiente en los parques ya instalados", apuntó Mattus.
En el año 2019, fue inaugurado en el Istmo el parque eólico más grande de Latinoamérica construido por la empresa Mitsubishi, así como también existe otro megaparque a cargo de la empresa española Iberdrola en convenio con la Compañía Federal de Electricidad mexicana (CFE).
"Es tiempo que las compañías europeas paguen por sus responsabilidades porque se han beneficiado durante años de los beneficios extraídos de otros territorios. Ahora tienen que atender a los derechos de las personas afectadas por sus actividades legales", apuntó Saage-Maasz, desde Berlín.
Desde Prodesc señalaron cómo EDF y sus subsidiarias en México realizaron una serie de compromisos y decisiones sustanciales previas a la obtención del consentimiento de las comunidades, compromisos que crearon expectativas, soltaron promesas y "condicionaron" la voluntad de la comunidad, así como provocaron su división y enfrentamiento:
- La empresa firmó contratos de arrendamiento de tierras con comuneros desde el año 2015,
- Realizó un contrato con CFE en 2015 de compra/venta de energía eléctrica que pretenden que produzca el parque,
- En junio de 2017 firmó otro contrato con el Gobierno de Oaxaca para la exención del pago de impuestos, dado el tamaño de su inversión,
- Presentó un manifiesto de impacto ambiental ante la autoridad competente en México, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).
Todos estos movimientos fueron realizados antes de la consulta comunitaria, misma que fue citada en abril de 2018. Esto inhibió la toma de decisión de manera previa y libre, dos de los mandatos que debe tener según las disposiciones internacionales que rigen este derecho.
"Solicitamos al Juez que la empresa cumpla con la ley francesa de vigilancia o diligencia y que si el proyecto no puede mitigar los riesgos que representa para la comunidad, debe ser cancelado", concluyó.
