Cientos de cargos públicos vinculados al Gobierno catalán, alcaldes, académicos y activistas del movimiento soberanista, mandos y agentes de la Policía catalana e incluso ciudadanos anónimos se enfrentan a la Justicia por varios motivos, aunque todos relacionados con la consulta ilegal.
La financiación del referéndum, su organización y logística, el uso de los datos de millones de ciudadanos de Cataluña, la apertura de escuelas o las cargas policiales contra votantes son algunos de los aspectos que todavía se indagan en los juzgados.
Una votación frustrada
El domingo 1 de octubre de 2017, miles de catalanes acudieron a las urnas para responder a la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?" en una consulta organizada por el Gobierno de Carles Puigdemont.
El Ejecutivo independentista siguió adelante con la consulta pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional en las semanas previas y el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado para impedir la votación.
El Gobierno catalán calcula que alrededor de mil civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas tras la actuación policial, que dejó a su vez más de 400 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil heridos, según el Ministerio de Interior español.
Las imágenes de los incidentes coparon las portadas de medios nacionales e internacionales pero la votación terminó y trascendió sin haber conseguido el principal objetivo de los soberanistas, la independencia de Cataluña.
Pese al fracaso del referéndum, que se saldó con la prisión de la mayoría de miembros del Ejecutivo catalán y la huida del presidente Puigdemont a Bélgica, sus consecuencias legales mantienen todavía ocupados a magistrados de toda Cataluña.
Concluido el gran juicio contra los integrantes del Gobierno independentista en 2019, siguen activas varias causas contra decenas de cargos de la Generalitat y alcaldes de toda la región.
Los políticos, juzgados por artífices
En Barcelona, el juzgado de instrucción número 13 mantiene imputados a una treintena de exfuncionarios catalanes de alto rango, acusados de varios delitos con respecto a la organización del referéndum.
Los gastos de publicidad, el coste de las urnas y las papeletas, los dominios de Internet que se emplearon y la utilización de los datos de ciudadanos para el censo de la votación son algunas de las incógnitas sobre las que fueron interrogados.
Algunos de los informes de la instrucción terminaron nutriendo la causa del Tribunal Supremo que sentenció al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho dirigentes independentistas en octubre de 2019.
También están pendientes de juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dos diputados del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) muy cercanos a Junqueras, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
El juez que instruye su causa los considera unos de los principales artífices del referéndum, que habrían orquestado desde sus posiciones en los departamentos de Economía y Hacienda del Gobierno de Cataluña.
Se trata de un grupo de juristas y académicos que fueron encargados de velar por las "garantías democráticas" de la consulta ilegal, a los que se acusa de desobediencia y usurpación de funciones.
También hay cuatro alcaldes y exalcaldes de localidades catalanas a la espera de ser juzgados por su apoyo a la celebración del 1 de octubre, y otra decena que están siendo investigados por hechos similares.
La actuación policial bajo escrutinio
Además de las consecuencias en la esfera política de Cataluña, el referéndum derivó en la apertura de varios procesos judiciales contra la cúpula policial de Cataluña, el más conocido de ellos el que afecta al mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y altos mandos del cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
Mientras que la élite de los Mossos se enfrenta a una condena por supuesta pasividad en la actuación para impedir el desarrollo de la consulta ilegal, varias decenas de agentes de la Policía española están investigados por lo contrario.
El juez que instruye la causa considera que los agentes actuaron con "absoluta falta de consideración" contra los votantes, uno de los cuales llegó a perder el ojo por el impacto de una pelota de goma.
En la ciudad de Girona declararon como investigados en otro proceso 25 miembros de la policía española, mientras que en otros municipios catalanes están todavía activos decenas de procesos en busca de responsabilidades.
Con cientos de personas condenadas, investigadas o pendientes de juicio, las heridas del fallido intento de conseguir la independencia siguen sin sanar, y la reciente inhabilitación del presidente Quim Torra es tan solo otra pista de que el conflicto España-Cataluña está todavía lejos de solucionarse.
