"Estamos obligados a recurrir al Constitucional. En todos los precedentes respecto a cargos públicos inhabilitados que han pedido amparo, el Tribunal Constitucional siempre ha dado la suspensión", dijo Gonzalo Boye, abogado del político catalán, en una entrevista con RAC1.
Pese a la presentación del recurso, el abogado se mostró convencido de que éste será rechazado porque el Tribunal Supremo "aplicará una doctrina colonial del derecho".
"Siempre hemos encarado este caso hacia Estrasburgo", aseguró Boye antes de calificar como "triste" que "las más altas instancias jurisdiccionales del Estado quieran que los trapos sucios se los laven fuera de casa".
A su modo de ver, la sentencia contra Quim Torra es desproporcionada y no se ajusta al derecho, ya que otorga a la Junta Electoral Central un papel de "autoridad superior" que "va en contra de sentencias del propio Supremo".
Quim Torra fue hallado culpable de un delito de desobediencia por negarse a retirar edificios públicos unas pancartas de apoyo a los líderes independentistas encarcelados durante la campaña de las elecciones españolas de abril de 2019.
El Tribunal Supremo ratificó el 28 de septiembre la condena y, acto seguido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hizo efectivo el cese de Quim Tora, comunicando al vicepresidente, Pere Aragonès, que será nombrado mediante presidente interino del Gobierno de Cataluña.
El próximo paso para las formaciones catalanas debería ser la presentación de un candidato para someter a debate de investidura en el Parlamento catalán.
Ante la falta de un sucesor, queda un resquicio legal que permitiría al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, comunicar a la Cámara la imposibilidad de investidura y activar el plazo para la convocatoria automática de elecciones.
Este escenario prolongará la excepcionalidad del Gobierno catalán hasta 2021, aplazando los eventuales comicios hasta finales de enero o principios de febrero.
