"A propósito del derecho que tenemos de vivir tranquilos y con respeto, 1.197.000 personas han firmado una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional (parlamento) para que se pueda extender el castigo a quienes cometan crímenes de odio", dijo la vicemandataria en su habitual alocución a través del canal cuatro de la televisión abierta.
Tales crímenes representan una verdadera amenaza para la dignidad y la vida, agregó Murillo.
Por medio del escrito, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió la orientación de trabajar una propuesta al legislativo que abordara de manera integral, preventiva y penal, crímenes atroces como los ocurridos unas horas antes contra dos niñas de 10 y 12 años y pedía castigos severos para sus ejecutores.
Al día siguiente en su discurso por los 199 años de la Independencia de América Central, el presidente Daniel Ortega le dedicó al tema especial atención cuando reafirmó el encargo gubernamental del 28 de septiembre.
La recolección de firmas en apoyo a la propuesta presidencial comenzó el 18 de septiembre y para el 22 ya la cifra ascendía a más de 650.000.
