"El día 1 de septiembre, el juez Jaime Oña dio lectura al fallo que favorece a las empresas Petroecuador y OCP (Oleoducto de Crudos Pesados); sin embargo, hasta hoy los kichwas no tenemos la notificación formal, por escrito, para apelar y ejercitar nuestro derecho a la defensa", dijo a periodistas Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae).
La sentencia íntegra debió ser notificada en un plazo de 15 días.
El documento insta al Consejo de la Judicatura (CJ) a investigar las causas de la demora, que vulneraría los derechos de 27.000 habitantes de comunidades ubicadas en las riberas de los ríos amazónicos Coca y Napo, afectados por el derrame de petróleo provocado por la rotura de dos oleoductos propiedad de las estatal Petroecuador y de la compañía privada OCP.
Según la abogada Viviana Idrovo, de la Red de Derechos Humanos del Ecuador, la dilatoria evidenciaría que existe parcialización por parte de la justicia para favorecer a las empresas responsables del vertido.
Varios comuneros llegados desde la provincia de Orellana denunciaron que efectivos policiales obstaculizaron su ingreso a la capital durante cinco horas.
Los uniformados habrían alegado que los comuneros no podían ingresar en la ciudad portando lanzas, al catalogar a dichos artefactos como armas blancas, señalaron los manifestantes.
El inconveniente se resolvió con la intervención del comandante general de la Policía.
