"Hoy es aún más necesario y urgente seguir acudiendo a la Fuerza legítima del Estado, fortaleciendo el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, para hacerle frente al ELN, a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y a todas las organizaciones criminales", dijo Trujillo en un video difundido por el Ministerio de Defensa.
Agregó que esas organizaciones "reconocen la participación en recientes ataques terroristas en Bogotá", en alusión al ELN (Ejército de Liberación Nacional), que la semana pasada dijo que participó en disturbios el 9 y 10 de septiembre en la capital del país que dejaron al menos 50 estaciones de la Policía vandalizadas, mientras que el Gobierno señala a milicianos de las disidencias de las FARC de haber participado también en los desmanes.
El Ejecutivo colombiano señala desde hace tiempo al Gobierno de Venezuela de dar refugio a disidentes de las FARC y a integrantes del ELN, organizaciones que considera terroristas, por lo que algunas versiones especulan que la fotografía se tomó en el país caribeño.
"Nuestras Fuerzas Militares y Policía mantienen las operaciones para combatir a estos narcoterroristas que huyeron de la justicia colombiana porque su único objetivo es lucrarse del narcotráfico, que lleva violencia y dolor a las comunidades", concluyó Trujillo en su declaración.
Según el comunicado emitido por los disidentes de las FARC, "Duque debe irse anticipadamente de la presidencia porque es un mandatario ilegítimo, porque le quedó grande el más elevado cargo de la nación, porque quiere generalizar el caos destruyendo el equilibro de poderes al incurrir en desacato y cuestionamiento público a decisiones de la Corte Suprema de Justicia".
El grupo liderado por Márquez y Santrich instó a los ciudadanos a volver a protestar en las calles contra lo que consideran es una represión y violencia ejercida desde el Gobierno.
Márquez y Santrich, cuyos nombres reales son Luciano Marín y Seuxis Paucías Hernández Solarte, están prófugos de la justicia colombiana tras renunciar al acuerdo final de paz, suscrito con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en noviembre de 2016.
