¿Qué hay detrás y cuáles son las consecuencias de la inhabilitación del presidente catalán?

El destino de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña se hallaba en manos de cinco jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que han revisado la inhabilitación impuesta en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los magistrados han fallado su inhabilitación, tras atender el 17 de septiembre a los informes de la Fiscalía y la acusación que ejerció el partido Vox por un lado, y de la defensa del presidente catalán por otro. Es decir, argumentos a favor y en contra de una sentencia dictada ante la negativa de Torra de retirar en 2018 simbología independentista como señal de apoyo a los líderes independentistas encarcelados, tal y como le instaba la Junta Electoral Central. En opinión del experto en comunicación Toni Aira, la sentencia del TS "era lo más previsible, viendo la trayectoria del tribunal en sus decisiones respecto al caso catalán".

"Hay una desproporción", explica a Sputnik, "Torra retiró la pancarta tres días después de lo establecido. Es una exageración, así lo describió incluso un ministro del Gobierno, Manuel Castells".

Más allá de la expectación mediática

Una vez notificada la resolución acordada en el TS, Torra deberá abandonar la presidencia de la Generalitat. Y también deberá abonar una multa de 30.000 euros.

El político catalán se presentó en el Tribunal Supremo en calidad de representante de la Generalitat, no como acusado. Como declaró a ACN, su deseo era ver los ojos "de los magistrados del Supremo que juzgan un presidente por haber puesto una pancarta que pedía la libertad de los presos y exiliados". A juzgar por el tweet publicado en vísperas de las vistas, Quim Torra se reafirmó en su proceder: "Pues sí: libertad presos políticos y exiliados", escribió, adornando el texto con una fotografía de la pancarta colgada en la fachada de la sede del gobierno catalán.

"Lejos de cambiar los ánimos, la inhabilitación va a polarizar aún más la situación", afirma Toni Aira. "El asunto hace aflorar toda la tensión que se había mantenido larvada durante todo este tiempo entre los socios de gobierno a causa de la pandemia". Aira, profesor de Comunicación Institucional en la UPF Barcelona School of Management, estima que la perspectiva cercana de elecciones acentúa las tensiones dentro del bloque soberanista, pero también destaca que la inhabilitación de Torra profundiza la polarización entre las fuerzas independentistas y las constitucionalistas.

"Su inhabilitación supone un nuevo palo en la rueda en la normalización de las relaciones entre el Gobierno de coalición en Madrid y el Govern catalán", explica por su parte a Sputnik el politólogo Víctor Prieto. "De nuevo, la agenda política y el calendario judicial chocan. Una muestra más de las consecuencias de la politización de la justicia en los últimos tiempos". Prieto afirma que esperaba este fallo, "porque es coherente con el papel que está desempeñando el aparato judicial en el conflicto catalán".

"Parece, además, que a cada intento de distensión por parte del Gobierno ―como la negociación de presupuestos o la política de indultos― hay una respuesta dura del poder judicial, que se ha erigido en este asunto en defensor de una supuesta razón de Estado".

"La pandemia llevó todo a una especie de segundo plano, pero ahora todo pinta que irá a más", señala Toni Aira. A su juicio, la inhabilitación del presidente autonómico catalán es otro factor de división entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts Per Catalunya (JxCat): "Entre la más partidaria de buscar espacios de negociación y de acuerdo con el Gobierno de Sánchez, y los que consideran que esta opción de pacto no existe".

"Y ahí aparece Quim Torra, cuya formación JxCat, con la inhabilitación, ve alimentado precisamente el relato de que ya sea con el PP o con el PSOE en el Gobierno, el autogobierno catalán se ve afectado", explica.

Desde la organización Òmnium Cultural se pidió al TS que evitara condenar a Torra "por haber colgado una pancarta". Pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, el presidente de la Generalitat ha sido condenado no por colgarla, sino por negarse a retirarla del balcón del Palau de la Generalitat durante la campaña electoral de 2018. En su defensa durante la vista en el TS, Gonzalo Boye, abogado de Quim Torra, defendió que este ha visto vulnerada su libertad de expresión, "porque consideramos que hacer una crítica por vía de una pancarta es un acto político. Además, entonces gozaba de inviolabilidad por ser miembro parlamentario", dijo.

Consecuencias inmediatas

Pese a que Quim Torra aún podría recurrir al amparo del Tribunal Constitucional (TC) y solicitar la suspensión de la condena (difícil, pues no hay ningún precedente de suspensión de pena de inhabilitación), la resolución condenatoria puede desencadenar de inmediato varios efectos.

El más evidente es un posible adelanto electoral para el primer trimestre de 2021. Desde las filas independentistas, ERC insiste en la nueva cita en las urnas, así como todos los partidos de la oposición del arco parlamentario catalán, a excepción de Ciudadanos. En cualquier caso, la pugna en el seno del bloque soberanista es el aspecto más importante de las últimas semanas, por cuanto su división respecto a la necesidad de una nueva cita electoral es más llamativa. Torra y su formación la rechazan. "La calle no pide elecciones", declaró Albert Batet, presidente del grupo de JxCat.

"La inhabilitación del President Torra es un hecho insólito y desencadenará todas las tensiones soterradas que vive la política catalana desde el abrupto fin de la vía unilateral a la independencia", opina el politólogo Víctor Prieto. Este investigador de la consultora Studi La Cimera asegura que el distanciamiento entre ERC y las diversas facciones de JxCat se habían podido conjugar "gracias a un cierto consenso de bloque ante la amenaza represivo-judicial del Estado y, claro está, por la necesidad de alcanzar mayorías de gobierno en Cataluña".

"Pero es evidente que tanto la voluntad de ERC de llegar a acuerdos con el Gobierno español (para pactar los presupuestos) como las luchas internas dentro de JxCat auguran una intensificación de esas tensiones, más si cabe ante la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral", afirma Prieto.

"La inhabilitación de Torra es un factor acelerador aún más marcado hacia una confrontación en clave netamente electoral", conviene por su parte Toni Aira, quien no prevé que el fallo del TS provoque disturbios en las calles catalanas. "Las consecuencias para Torra son diferentes a las que generó el juicio del procés, con penas de prisión. Ahora los términos son otros y no se prenderá esa llama". De similar parecer es el politólogo Víctor Prieto, quien avisa de las dificultades de mantener una movilización contra la sentencia en tiempos de pandemia. "Creo que la reacción va a ser anecdótica en este sentido". 

Un aglutinador de un espacio dividido

Las declaraciones de apoyo del portavoz en el Congreso de la formación soberanista y socio del gobierno catalán ERC, Gabriel Rufián ("se está atentando contra los derechos más elementales del presidente de la Generalitat"), no pueden sin embargo camuflar las tensas relaciones entre los dos grandes partidos soberanistas.

Rufián recibió también a Quim Torra en Madrid y exhortó a detener las riñas entre las filas independentistas y "reforzar las instituciones", declaración que cabe entender como un apoyo no partidista, pues se da la circunstancia de que tras la inhabilitación del presidente catalán, la presidencia de la Generalitat será asumida por el actual vicepresidente, Pere Aragonès, quien además podría perfilarse como candidato a la presidencia en las elecciones por ERC, aunque el número uno de la lista electoral de su partido lo encabece tal vez Marta Rovira, actualmente residente en Ginebra (Suiza).

El caso es que Torra ha pedido a su grupo parlamentario no investir a ningún sustituto, pues en su opinión eso sería agachar la cabeza ante el TS. Pero esta postura, unida a su negativa a convocar elecciones, dejaría al Gobierno catalán en calidad de interino durante meses, situación que conllevaría un bloqueo institucional que no desea ERC. "ERC lo va a tener difícil", puntualiza Aira. "Si Pere Aragonès fuera presidente interino, para el independentismo eso sería como ocupar el lugar de alguien que ha sido destituido injustamente, una situación que, de cara a su electorado potencial, ERC tendrá que manejar para que no le afecte".

La inhabilitación como impulso a una candidatura de consenso

En este contexto de tensión y relaciones políticas confusas, la articulación de una candidatura que recoja las distintas sensibilidades de los sectores de JxCat (formación heredera de la antigua Convergència i Unió) puede marcar el ritmo.

"Este asunto es de lo más interesante", afirma Víctor Prieto, "porque las continuas escisiones y purgas nos muestran la incapacidad para consolidar un nuevo partido con unos objetivos claros". Este politólogo hace referencia a la rivalidad explícita de las facciones de JxCat que han llevado incluso a una pugna por hacerse con la marca electoral, como atestigua el hecho de las malas relaciones del expresidente Carles Puigdemont y el PDECat. "Si nos fijamos en las últimas citas electorales, más que un partido político cohesivo, la derecha nacionalista ha presentado candidaturas de unidad electoral cuyo fin era el Govern de la Generalitat".

"Pero, paradójicamente, la inhabilitación de Torra podría impulsar una nueva candidatura de unidad frente a lo que considerarían un nuevo ataque de la justicia española", sostiene Víctor Prieto.

"La duda está en ver cuándo se producirá el inevitable adelanto electoral. En este sentido, la inhabilitación de Torra llega en un momento de debilidad interna de los sectores neoconvergentes, debilidad que desaconsejaría una convocatoria electoral".

"Pero, al mismo tiempo, la negociación de los presupuestos generales del Estado con ERC otorgaría a JxCat la posibilidad de intensificar la confrontación con el Gobierno español, en una campaña electoral en la que ERC sería presentada como colaboracionista con el Gobierno central", concluye este politólogo