Según la denuncia a la que tuvo acceso el diario O Globo, de más de 300 páginas, tanto Flávio Bolsonaro como su exasesor Fabrício Queiroz fueron acusados de "delitos de peculado, lavado de dinero y organización criminal".
Los fiscales apuntan que el senador usó al menos 2,7 millones de reales (casi 480.000 dólares) en dinero en efectivo en el llamado esquema de las rachadinhas.
En este esquema, asesores que eran nombrados por Flávio Bolsonaro tenían que devolver buena parte de su salario a Queiroz, el operador de la organización.
Algunos de esos asesores nunca llegaron a trabaja en la Alerj y son considerados trabajadores fantasma por los investigadores; Flávio Bolsonaro los nombraba únicamente para poder sustraer parte de su salario.
El dinero era blanqueado y volvía al ahora senador a través de transacciones inmobiliarias, una tienda de chocolates situada en un centro comercial de Río de Janeiro y con el pago de gastos personales con dinero en efectivo, para ocultar su origen irregular.
En el primer habría 13 extrabajadores ligados a Queiroz, sobre todo vecinos y amigos que el nombró para trabajar en el gabinete de Flávio Bolsonaro.
En el segundo grupo estarían los familiares de Adriano Nóbrega, un miliciano de Río de Janeiro implicado en numerosos delitos de sangre y al que Flávio Bolsonaro condecoró por sus logros cuando era agente de la Policía Militar.
En el tercer grupo habría 10 exasesores con residencia en Resende, la ciudad del sur del estado de Río de Janeiro donde vivieron varios miembros de la familia Bolsonaro; nueve de ellos están emparentados con Ana Cristina Siqueira Valle, exmujer del presidente Jair Bolsonaro y madrastra de Flávio Bolsonaro.
