En un contexto de enormes apoyos gubernamentales a los sectores sociales más vulnerables debido al golpe en la actividad económica por la pandemia de COVID-19, las voces de los policías bonaerenses demandan un paquete de mejoras en sus condiciones laborales y de vida, que los valorice como trabajadores esenciales y como personas que arriesgan la vida frente el delito.
Con bengalas, sirenas, pancartas y al grito de "Policía unida, jamás será vencida" —una reversión que reemplazó la palabra "pueblo" en la ya universal canción de protesta popular nacida durante el golpe de Estado en 1973 en Chile—, efectivos de la fuerza policial bonaerense en Argentina realizaron una sorpresiva manifestación en distintos municipios en la que parecieran insistir en que son trabajadores con derechos, no soldados.
La policía de la provincia de Buenos Aires en Argentina realiza su segundo día de manifestaciones para reclamar por una importante mejora en sus condiciones salariales y laborales pic.twitter.com/rlVBjU92RM
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) September 9, 2020
La provincia más poblada de Argentina, donde habita un tercio del país, vive un momento de extrema tensión luego de que el 7 de septiembre policías en actividad, agentes retirados o con baja por lesión y sus familiares comenzaran diferentes focos de reclamos por mejoras salariales y laborales en algunos de los principales municipios del conurbano de Buenos Aires, que siguen hasta el momento sin resolución.
Reclamo justo, método ilegítimo
"Estamos cansados que nos basureen, que no nos den móviles, de cobrar migajas, de que los jefes se llenen los bolsillos, que seamos un número. Largan a los presos, nos matan como perros y nos dan una bandera. La policía es una familia y sin embargo no nos valoran, no valemos nada. Yo soy un policía viejo, tengo tres tiros encima y no gano nada", dijo a Sputnik Marcelo Purpur, teniente primero retirado de la policía bonaerense, presente en el reclamo.
Luego de haber sido recibidos por el comisario general de la Policía bonaerense y de que desde la gobernación provincial aseguraran que actualizaciones salariales estaban en proceso, las negociaciones entre los delegados del ministerio de Seguridad provincial y los representantes policiales —que carecen de un gremio con personería jurídica y se articulan de manera inorgánica— no dieron buenos resultados y el oficialismo repudió el método.
Si bien desde los Gobiernos provincial y nacional, ambos bajo la misma bandera política del Frente de Todos, aseguraron que el reclamo era legítimo debido al atraso arrastrado en los haberes, calificaron de político el trasfondo y la espectacularidad del procedimiento y rechazaron el uso de presión mediante la movilización y la huelga, medidas que las fuerzas de Seguridad tienen prohibidas por ley.
Durante la jornada del 9 de septiembre, algunas patrullas se acercaron a la residencia presidencial de Olivos y efectivos se manifestaron con banderas, en un movimiento que provocó la reacción en favor del Gobierno de partidos políticos oficialistas y de la oposición y de otros sectores de la sociedad. Representantes del Gobierno ofrecieron a los agentes a pasar a dialogar, pero se negaron, a la espera del resultado de las negociaciones.
El tenor de los reclamos
Las protestas se convocaron durante el pasado fin de semana a través de los grupos privados en las redes sociales que nuclean a los agentes, con consignas que criticaban el hecho de que un agente de la policía bonaerense cobra 35.000 pesos (470 dólares) mensuales, cuando un oficial de mismo rango de la policía de la ciudad cobra casi el doble de piso.
"Tenemos que comprar el combustible y el aceite y emparchar las ruedas de nuestros móviles para salir a patrullar. Tenemos que vivir endeudados, no podemos tener una vivienda digna, no podemos sacar préstamos ni créditos. Nosotros salimos a la mañana a poner el pecho a la calle, ponemos nuestra vida en juego. Todos los días me despido de mi hijo y no se si vuelvo a mi casa", dijo a Sputnik María, policía con 10 años en el puesto.
Hay en la actualidad cerca de 95.000 efectivos en la policía bonaerense, por lo que se trata de la más numerosa en el país, por encima de la policía federal. Más del 40% son mujeres, un porcentaje que no tiene comparación con el resto de las policías en el país, donde la siguiente en cupo femenino es la metropolitana, que no supera el 25%.
No hubo acuerdo en la reunión entre los delegados del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en Argentina y los oficiales y agentes retirados que realizan hace 48 horas un reclamo por mejoras en sueldos, obra social y condiciones laborales pic.twitter.com/Dlss1EG1gj
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Durante la tercera jornada de reclamos frente al Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en La Matanza, donde se encuentra la principal conglomeración de agentes, los representantes policiales que estuvieron reunidos con las autoridades aseguraron que continuarán con la protesta, inconformes con las propuestas oficiales, que ofrecieron un aumento de 30% en el piso salarial como compensación al cálculo de idéntica pérdida en el poder adquisitivo entre 2016 y 2019.
Los policías piden aumentos de 56% para los subescalafones comando y general y de 64% para los subescalafones administrativos, técnicos, profesionales y de servicios generales, las bases de la pirámide jerárquica de la fuerza. También reclaman provisión de uniformes y equipamiento, mejoras en las unidades de patrulla, capacitaciones, asistencia psicológica, alternativas a la obra social oficial y planes de vivienda destinados a los efectivos.
En 2012, Gendarmería y Prefectura realizaron reclamos salariales y, en 2013, 20 policías provinciales hicieron lo mismo. Muchos de los efectivos fueron sancionados o dados de baja, aunque algunos fueron posteriormente reincorporados por decisión de la Justicia. Desde entonces, las demandas de sindicalización se potenciaron.
Los reclamos actuales insisten en el derecho a crear sindicatos, un reclamo elevado a través de la Organización Sindical de los Trabajadores Policiales de la Provincia de Buenos Aires (Sipoba), una asociación civil creada en 1989. Esto les fue negado según un fallo de la Corte Suprema en 2017 y recientemente, en junio de 2020, fue recibido para ser analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El petitorio completo presentado al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad provincial incluye:
- Ningún tipo de represalia (elevación de sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento) para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
- Aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general de haber líquido.
- Aumento del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales sobre el haber líquido.
- Aumento de la hora compensación de recargo de servicio a $189 y la obligatoriedad de dicha compensación.
- Pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (se está pagando con 120 días de retraso).
- Provisión del uniforme y equipo de trabajo y aumento del decreto 1315 (mantenimiento del uniforme) a $3.800.
- Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.
- No obligatoriedad de la obra social IOMA.
- Democratización de las fuerzas.
- Derecho a la sindicalización.
- Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.
- Capacitación y reentrenamiento permanente.
- Asistencia psicológica.