La situación financiera de las dos firmas que fueron monopolios estatales durante ocho décadas, hasta 2013, cuando el sector se abrió a la inversión extranjera y privada de los gigantes de la industria global, es calificada como "grave y con enormes dificultades para cumplir con sus objetivos institucionales" este sexenio.
Sin embargo, al cierre del primer semestre del año en curso, las pérdidas registradas por estas empresas sumaron, aproximadamente, 32.000 millones de dólares, indica el análisis.
"El pobre desempeño de estas empresas es reflejo de las fallas en su supervisión y de su gobierno corporativo, los cuales también han derivado en escándalos de corrupción, problemas de impacto social, ambiental y pérdidas de inversión en el sector energético", alertan los especialistas de la organización independiente.
A eso ritmo, podrían acumular al final del año unos 4.500 millones de dólares, en el mejor de los casos, solo un 65% del total alcanzado en el último año del gobierno anterior, que terminó el 1 de diciembre de 2018.
Mapa de vigilancia y panorama sombrío
La organización presenta un "Mapa de Vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas".
Este año, los precios del crudo se derrumbaron a rangos negativos por la brutal contracción de la demanda de energéticos en el mundo, en plena pandemia del nuevo coronavirus.
Los roles estatales son: "como dueño de Pemex y CFE; como regulador del mercado en que compiten; y como garante del interés de la sociedad y las comunidades que se ven afectadas por las actividades que realizan" esas empresas.
Las fallas detectadas van desde la compra de una empresa de fertilizantes (Fertinal) por Pemex, con un sobreprecio de unos 200 millones de dólares en el Gobierno anterior, "hasta la modificación de criterios en los Certificados de Energías Limpias", considerada por los inversionistas como un daño a la certeza jurídica en el sector.
También señalan falencias en la "licitación polémica de contratos anuales", y la reciente negociación de un acuerdo reciente con la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, destacó que "esta administración se ha caracterizado por influir indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en distintos rubros del mercado energético, malas prácticas que ya tuvieron consecuencias".
El Mapa de Vigilancia señala cuatro fallas: la intervención centralizada en los mercados por parte del Gobierno para favorecer a Pemex y a CFE; la falta de seguimiento del Congreso al cumplimiento de objetivos; conflictos de interés por la presencia de miembros del Ejecutivo federal en sus consejos de administración; y una baja prioridad a la política anticorrupción en estos consejos.
Según Ballesteros, hay que crear una entidad propietaria de las empresas productivas del Estado, acompañar la política de propiedad a través de un "contrato de gestión", deben existir mayores controles en compras públicas y también un control del presupuesto a programas sociales.
El cuadro se complica porque Pemex presentó en julio pasado el nivel de producción más bajo en 40 años.
