En su decisión, la jueza Carmen Lúcia Antunes dio al Gobierno un plazo de "cinco días" para que responda a la petición del Partido Verde, que cuestiona el uso de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera, tierras indígenas y parques naturales de la Amazonía brasileña.
Esta formación ecologista cuestiona la presencia militar porque considera que está "usurpando" las competencias de los organismos que actúan como policía ambiental, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama).
"Los números relativos a la destrucción de la Amazonía continúan aumentando, señalando otro año de retroceso en la preservación del bioma", dice la petición presentada ante el Supremo.
La "Operación Verde Brasil 2" arrancó en mayo con el envío de más de 3.000 militares a la región amazónica para intentar frenar la deforestación y los incendios, pero hasta ahora mostró escasos resultados.
Según datos oficiales, este agosto fue el segundo peor de la historia en relación a incendios forestales, sólo superado por el mismo mes del año pasado: fueron 29.307 focos de incendio, apenas un 5% menos que en igual periodo de 2019.
Además, el número de alertas por deforestación en la Amazonía en 2020 fue un 34% mayor que en 2019.
