"Nosotros vamos a estar pendientes y exigimos la reparación inmediata por parte del Estado y por parte del gobierno nacional para que los derechos de los pueblos indígenas sean resarcidos. (…) Esperamos que los jueces de la provincia de Orellana respeten los derechos de las nacionalidades y solo ahí diremos que el Estado ecuatoriano es plurinacional", dijo Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
Al grito de consignas como "OCP, Petroecuador, derrame nunca más; el pueblo unido jamás será vencido", varios grupos de pobladores de comunidades asentadas en las riberas de los ríos amazónicos Coca y Napo, afectados por el derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril, recorrieron las principales calles de la ciudad de Coca.
Posteriormente, en la sede de la Fecunae, se realizó un juicio público, presidido por un tribunal ético popular, conformado por cinco expertos ecuatorianos en derechos humanos y en derecho constitucional.
Gina Benavides, exdefensora del Pueblo de Ecuador, presidió dicho tribunal.
Como testigos de cargo, durante el acto de juzgamiento simbólico, habitantes de comunidades afectadas por el derrame responsabilizaron a la empresa estatal Petroecuador y a la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por la contaminación de los ríos amazónicos a raíz del vertido.
Al acto también asistieron representantes de las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara, Siona, Siekopai, Ai"Kofan, de las provincias Orellana y Napo (este), así como indígenas de las provincias Pastaza (este) y Morona Santiago (este).
La defensa de los demandantes advirtió que en caso de que el juez a cargo del caso no otorgara las medidas cautelares solicitadas, las organizaciones continuarán su lucha en otras instancias.
La acción de protección busca que se reconozca, en sentencia, la violación de derechos y se ordene la reparación integral por los daños causados.
La demanda tiene el respaldo de la Fecunae, los vicariatos de las provincias de Orellana y Sucumbíos, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, y habitantes y dirigentes de 105 comunidades afectadas por el derrame.
