"Yo quiero decirle a la señora Bachelet, con el mayor respeto y cariño, la invito a Bolivia, que es muy fácil hablar desde lejos cuando no se conoce la realidad (…), a revisar todos los exámenes forenses de todos los muertos en Senkata y en Sacaba", dijo Murillo en una conferencia de prensa.
Senkata, distrito de la ciudad de El Alto (oeste), y Sacaba, un pueblo vecino a Cochabamba (centro), fueron escenarios de violentas operaciones de policías y militares contra el Gobierno de Jeanine Áñez, en noviembre pasado, que dejaron una treintena de muertos.
La oficina de Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo de Bolivia y organizaciones sindicales y sociales observaron la violencia gubernamental en esos hechos, que siguieron al derrocamiento de Evo Morales (2006-2019) y la autoproclamación presidencial de Áñez.
La gobernante, y con frecuencia el ministro Murillo, defendieron las operaciones de la fuerza como actos de "pacificación" al amparo de un decreto de Áñez que autorizó a los militares el uso de fuerza letal, liberándolos de eventuales procesos penales.
"Si se toma esa molestia la señora Bachelet, se va a dar cuenta de que todos los muertos fueron asesinados por sus compañeros; no hay ni un solo muerto, gracias a Dios, por la Policía ni por los militares, ni con bala policial ni con bala militar", aseguró Murillo.
"Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", declaró la alta comisionada.
El Gobierno de Áñez ha rechazado también un informe de la CIDH que condena la represión gubernamental a manifestaciones opositoras.
