"Se ha muerto gente por ir a trabajar": víctimas del amianto en España se mantienen en lucha

El amianto, o también conocido como asbesto, es un grupo de minerales que se usaba a gran escala en la construcción, productos de fricción, materiales textiles, termoresistentes, equipos de protección individual, pinturas o en productos como el talco.

En el siglo XX fue considerado como la joya o el milagro de la construcción por su precio y utilidad, debido a que era capaz de soportar temperaturas extremas. En España se utilizó a gran escala entre los años cuarenta y 2001, cuando finalmente el Estado español prohibió su uso, una medida que entró en vigencia en junio de 2002 y que llegó 18 años después de que los médicos alertaran de que la inhalación de las fibras que desprende este material cuando se rompe podría generar serias enfermedades respiratorias como asbestosis, mesotelioma o cáncer. 

"Su utilización en los años 60, 70 y 80 fue masiva en todo lo que tiene que ver con la construcción y con algunos elementos metálicos de fricción, entre ellos, pastillas de los coches, las pastillas de los frenos de los trenes, como aislante térmico. El problema es que no se les avisó a los trabajadores que esos elementos tenían amianto y que eso tenía consecuencias para su salud. Los trabajadores han seguido en sus áreas de reparación, mantenimiento de los vagones, trenes, sin conocer que eso que estaban lijando, que estaban soplando era cancerígeno", explica Juan Carlos Paul, presidente de las Asociaciones de Víctimas del Amianto (AVIDA).

Son muchos los edificios, colegios y espacios públicos de España que, según han alertado asociaciones de víctimas, aún están llenos de amianto. El Metro de Madrid es uno de estos lugares. Se denuncia que las autoridades del suburbano lo sabían desde inicios de los años 90, pero que fue en el año 2017 la primera vez que lo contaron a sus empleados.

"Los trenes antiguos, dicho por la propia empresa, eran en un 70-75% de amianto y aquí nadie nos ha avisado. Es como que tú ahora en tu puesto de trabajo estés utilizando por ocho horas algo que no sabes que es dañino para ti. En el Metro de Madrid nunca, hasta 2017, se nos dijo 'cuidado, esto no se puede taladrar o manipular'. La indignación de los trabajadores es bastante grande y lo único que queremos es que se solucione y que los familiares de los trabajadores que han enfermado por venir a trabajar y que han fallecido, sean indemnizados y no tengan que entrar en juicios interminables", sostiene Francisco Javier del Llano, vicesecretario del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro.

A inicios de agosto, la Inspección de Trabajo ordenó a las autoridades del suburbano madrileño informar en un plazo de un mes la lista de aquellos trabajadores que hayan desarrollado o desarrollen aún la labor de maquinistas y que estarían expuestos al amianto. También les ordenó en un plazo máximo de dos meses aplicar las prestaciones de Vigilancia Sanitaria Específica del Amianto.

"Inspección de trabajo ha determinado que a toda persona que haya estado conduciendo un tren o aún lo esté, se le deben hacer unos reconocimientos médicos obligatorios. El dictamen lo pone en negritas, por tanto, la vigilancia de salud será de cumplimiento obligatorio. Pero, por ahora, a nosotros no nos han dicho nada", asegura del Llano.

​Hasta el momento, 11 trabajadores del Metro Madrid han sido afectados por el amianto, seis de ellos han fallecido, indican desde el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro.

"No sabemos cómo se pudo haber inhalado porque hay dos formas de contraer esta enfermedad: por exposición directa, como ha podido ser con el personal de oficio porque han manipulado, sin saber, piezas con amianto; o por exposición indirecta, como es nuestro caso porque lógicamente, si dentro de la cabina hay materiales que se están deshaciendo y ese polvo entra en la cabina, entendemos que lo hemos inhalado y hemos estado expuestos indirectamente", señala del Llano.

Tras las huellas del amianto

Pero no solo los trabajadores del Metro de Madrid han sido víctimas de este material cancerígeno. Según Juan Carlos Paul, presidente de AVIDA, las denuncias de las víctimas vienen de distintas partes del país y de diversos sectores.

"La mayoría de las demandas que recibimos son de los que trabajaron con la materia prima, con el amianto, trabajadores de empresas que fabricaban el fibrocemento. Hay un gran número de trabajadores navales porque el amianto también se utilizaba como aislante en muchísimos elementos y mamparas de buques, también de la industria ferroviaria y la industria automovilística porque ahí también los aislantes dentro del motor, las zapatas y los frenos de los coches llevan amianto. Esos son los sectores de donde más a menudo vienen las demandas y enfermos", indica Paul.

Paul empezó a seguir la pista de las víctimas del amianto a partir de 2001 cuando un familiar en su lecho de muerte le confesó una duda que arrastró durante su enfermedad.

"Mi familiar llevaba toda la vida viviendo en Getafe, a escasos metros de una fábrica que producía con amianto. Mi familiar en su lecho de muerte me comenta: 'ay, Juan Carlos, esto me lo ha causado la fábrica', pero no sabía explicarme por qué. Yo a raíz de eso empiezo a investigar qué le había podido pasar a mi familiar porque desde que le detectaron la enfermedad hasta que fallece pasan unos escasos seis meses. Eso me lleva a pensar que puede haber muchas otras más personas enfermas", relata Paul.

Y fue así cómo empiezan a organizarse desde Madrid y a contactar víctimas de distintas partes del país. Empezaron a luchar por indemnizaciones, pero el cambio de nombres y gerencias de las principales empresas responsables los llevó a pedir un Fondo de Compensación para las víctimas, como se ha logrado en otros países de Europa, entre ellos Francia. 

"El principal importador en España ha sido Uralita, de hecho, el nombre Uralita viene porque la mayoría del amianto lo importaban de los montes Urales, aunque es verdad que luego también importó algo de Brasil y Canadá. El grupo Uralitas estuvo cotizando en el Ibex35 en España por muchos años. Uralitas perteneció a una familia muy poderosa, con una banca, la Banca March. Fue una familia que en su momento colaboró con el alzamiento nacional en los inicios de la Guerra Civil, apoyó a Franco. Era una familia muy potente en España, pero poco a poco fue vendiendo su empresa y hasta hace dos años, la compañía se fue disgregando, entraron en suspensión de pagos y ha habido varios litigios para ver de qué manera podemos cobrar los juicios que tenemos ganados", explica Paul.

Y mientras esperan por la aprobación en el Congreso de los Diputados de ese fondo de compensación para las víctimas, Paul señala que hay tareas urgentes por hacer.

"Lo fundamental es pensar en prevención. Tenemos que procurar que no haya más enfermos y eso se consigue detectando y avisando, señalando los lugares con amianto. Lo otro es atender a las personas que están enfermas, enfermas de una manera penosa porque todas esas enfermedades respiratorias por el amianto suponen una agonía importante para la persona que se ven obligadas a llevar atrás una bombona de oxígeno. Hay una responsabilidad de Estado por no haber prohibido antes el uso del amianto. En otros países de la Unión Europea se empezó a prohibir desde 1990 y en España tardamos 10 años más en prohibirlo", sentencia Paul.

A su vez, los trabajadores del Metro de Madrid se apegan a la exigencia de la Inspección de Trabajo y esperan que las autoridades del suburbano madrileño atiendan a quienes día a día garantizan la movilización de una de las mayores ciudades de Europa.

"Se ha muerto gente por ir a trabajar, por eso es por lo que estamos luchando. Estamos pidiendo cosas con sentido común, no estamos pidiendo locuras, sino que vigilen nuestros puestos de trabajo y nuestra salud. Los que han fallecido hasta el día de hoy lo han hecho por ir a trabajar, y como comprenderás, eso no se puede consentir", concluye del Llano.