"Doctor Arturo Char Chaljud, presidente del Senado (…) me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República", señaló Uribe en una carta difundida en redes sociales por él mismo y por su partido, Centro Democrático (CD, derecha).
Uribe, quien ocupaba un escaño en el Senado desde 2014, indicó en la misiva que su detención domiciliaria se dio "sin pruebas directas" y que la misma es consecuencia de una serie de acciones en su contra, entre las que citó "la violación de ocho garantías procesales", así como "interceptaciones ilegales y dolosas" y "filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente".
Por último, Uribe expresó en su misiva, que anhela que Colombia "se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo", y abogó por una reforma a la justicia.
Dicha reforma, aseguró, buscaría que la justicia se "despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados", los cuales, a su juicio, "deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política".
Uribe, quien permanece en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, es investigado por ese tribunal por los delitos de soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.
Según Uribe, los pagos a dichos testigos fueron hechos por su abogado, Diego Cadena, sin que él lo supiera, y tanto él como su defensa sostienen que la medida de detención domiciliara tiene motivaciones políticas impulsadas por sus adversarios, entre ellos el partido de izquierda FARC (surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla).
La renuncia de Uribe a su escaño como senador se da pese a que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no lo inhabilitó para ejercer esa función por tener detención domiciliaria.
De ser hallado culpable, el expresidente, quien es el primero en la historia de Colombia en ser detenido por una investigación, podría enfrentar una pena de hasta ocho años en prisión.