"Esta ley de elecciones, más allá de su controversia, está garantizando las elecciones del 18 de octubre (…) se está garantizando lo que no tenía que haber; eso tiene que conocer el pueblo boliviano, no querían elecciones, querían suspenderlas con otros argumentos", dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.
El principal dirigente de la central y representantes del Pacto de Unidad de organizaciones indígenas y vecinales que convocaron a las protestas, denunciaron en conferencia de prensa como "intento de asesinato" el ataque a la sede sindical ocurrido la noche anterior, por el cual la Policía dijo que había seis detenidos.
Cuarto intermedio
Huarachi dijo que los sindicatos bolivianos consideran que "la lucha no ha sido en vano" y declaran solo una pausa en sus movilizaciones pro democracia, advirtiendo que tras la votación general podría haber nuevas dificultades.
"La decisión del Comité Ejecutivo de la COB es darle un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional, hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina, estamos más seguros que después del 18 de octubre no van a querer hacer el traspaso de mando", afirmó.
El dirigente expresó que la desconfianza de la COB y el movimiento popular en general parte del incumplimiento por parte del Gobierno transitorio de un acuerdo de pacificación firmado en noviembre, por el que se levantaron las protestas tras el golpe contra Evo Morales (2006-2019) y la autoproclamación presidencial de la senadora Jeanine Áñez.
El riesgo de un contagio masivo durante la votación ha sido el argumento principal del Gobierno y del Tribunal Electoral para posponer sucesivamente los comicios, convocados para reponer el orden constitucional en el país.
"Hoy estamos viendo una realidad, muy conscientes de lo que está viviendo nuestro país, por eso instruimos a nuestros movilizados a pacificar, nosotros somos los pacificadores, no ellos", añadió en referencia a la declaración de la presidenta Áñlez de que ella era la gestora de una "segunda pacificación" tras la crisis de 2019.
El fin de la huelga y los bloqueos de carreteras fue declarado cuando las principales ciudades sufrían ya creciente escasez de alimentos y combustibles, aparte de dificultades en la provisión de oxígeno y otros insumos médicos para los hospitales que atienden a pacientes de COVID-19.