"En el caso de naciones y pueblos indígenas originarios, hay un serio peligro de extinción fisico-cultural del pueblo Yuqui y del pueblo Araona de nuestro nuestro país como consecuencia del COVID-19 y ante la desatención por parte del Estado", dijo Cruz durante un foro online sobre derechos humanos bajo la pandemia.
Señaló que la ausencia de acciones efectivas en defensa de los pueblos indígenas golpeados por la pandemia era consecuencia de un incumplimiento de responsabilidades tanto del Gobierno nacional como de las autoridades de los departamentos y los municipios.
Los pueblos Yuqui y Araona son dos de las comunidades más pequeñas, con apenas centenares de miembros, entre las 36 nacionalidades indígenas reconocidas por la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia vigente desde 2009.
Cruz afirmó que además de la situación de desamparo de los indígenas durante la crisis sanitaria y la cuarentena, su oficina había registrado y denunciado el "alto grado de vulnerabilidad" en que quedaron mujeres y niños.
"Se conocen muchos casos de mujeres que no tenían forma de escapar al maltrato en sus hogares, ni de denunciarlo, porque los servicios establecidos por el Gobierno no han dado respuesta, inclusive se habilitaron números telefónicos de emergencia que nadie contestaba en muchas ocasiones", dijo.
Añadió que la pandemia ha provocado también una situación de crisis en la educación, primero por la discriminación tecnológica que dejó afuera de los servicios a vastos sectores empobrecidos y posteriormente por la clausura anticipada de la gestión escolar dispuesta por el Gobierno el 2 de agosto.
Cruz dirige la Defensoría con carácter interino desde enero de 2019, por resolución del parlamento, hasta la designación de un Defensor titular.
