"No existe ni un solo artículo de la Constitución que prohíba al ciudadano ser transparente (…), lo que esta ley pretende es que los maleantes no se escapen", dijo el senador masista Ciro Zabala, uno de los impulsores de la norma, que sectores del oficialismo rechazaban por considerarla un "arraigo inconstitucional".
La Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, que todavía debe ser considerada por la Cámara de Diputados —de amplia mayoría masista, como el Senado—, afectará al presidente, vicepresidente, ministros, autoridades regionales y miembros de las asambleas nacional, departamentales y municipales.
Citó los casos de exautoridades de la telefónica Entel y de la petrolera YPFB, entre otros.
El proyecto legal dispone que las autoridades salientes deberán permanecer obligatoriamente en territorio boliviano hasta 90 días después del cese de sus funciones, "a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado".
Agrega que la lista oficial de autoridades sujetas al futuro arraigo temporal por cese de funciones será remitida a los servicios de Migración por la Contraloría General del Estado.
