EEUU impuso sanciones a 11 funcionarios chinos, incluida la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, por presuntamente "socavar la autonomía de Hong Kong".
"El Departamento el Tesoro anunció las llamadas nuevas sanciones contra varios dirigentes de las instituciones del gobierno central de China en Hong Kong y funcionarios de la región administrativa de Hong Kong, las condenamos enérgicamente y expresamos nuestra protesta decidida", dice el comunicado.
Pekín denuncia que con las nuevas sanciones Washington buscar intervenir en los asuntos internos de Hong Kong.
"Las sanciones anunciadas por EEUU tras la aprobación de la Ley de Autonomía de Hong Kong son una burda interferencia en los asuntos de Hong Kong", subraya, que tiene por objetivo socavar el principio "un país, dos sistemas" y "detener el desarrollo de China".
"Hong Kong es una parte inalienable de China", enfatizó y subrayó que "la implementación del principio 'un país, dos sistemas' responde a los intereses de los habitantes de Hong Kong y representa una aspiración común de todo el pueblo chino".
El Gobierno de Hong Kong aseguró que apoyará al gobierno central a la hora de tomar medidas de respuesta.
Además de Lam las sanciones fueron impuestas al comisionado de la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF), Chris Tang, al secretario de Seguridad de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, a la secretaria de Justicia, Teresa Cheng y al director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado Xia Baolong, entre otros.
El Tesoro indicó que las sanciones son una extensión de la Ley de Autonomía de Hong Kong que el presidente de EEUU, Donald Trump, promulgó 14 de julio luego de la adopción de la ley de seguridad nacional por parte de China.
La ley le otorga a Trump las herramientas para "hacer responder a China por sus acciones opresivas contra el pueblo de Hong Kong". Además Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a las preferencias de EEUU para Hong Kong, que pasará a recibir el mismo trato que el territorio continental de China.
La nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong, promulgada en Pekín a fines de junio pasado, penaliza los actos de subversión, terrorismo, secesión, conspiración con influencia extranjera y otros que amenacen la seguridad del territorio.
Según ellos, la nueva normativa se contradice con la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. El documento, que entró en vigor al año siguiente, estableció que Hong Kong, tras volver en 1997 bajo la soberanía de Pekín, mantendría por 50 años un amplio grado de autonomía como región administrativa especial en el seno de China de conformidad con el principio "un país, dos sistemas".
China rechaza cualquier crítica contra la nueva ley de seguridad y sostiene que los temas relativos a Hong Kong son su asunto interno.