"Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo (…), levanten esos bloqueos, porque si no lo hacen en las próximas horas, lo vamos a hacer nosotros", advirtió en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
La amenaza surgió al tiempo que la COB reportaba 75 puntos de bloqueo de diversas carreteras troncales y secundarias, que mantenían incomunicados por tierra a las principales ciudades bolivianas, La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz.
El ministro denunció que una de las consecuencias más graves de los bloqueos era la interrupción del transporte de oxígeno medicinal, convertido en un bien escaso por su demanda extraordinaria para la atención hospitalaria de enfermos de COVID-19.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo en una declaración paralela que dos personas habían fallecido en Oruro (oeste) por la falta de oxígeno para terapia intensiva en un hospital, que atribuyó a la protesta sindical.
Murilló acusó también a los líderes de la protesta de "buscar muertos", en alusión a eventuales víctimas de hechos de violencia durante los bloqueos.
El líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Vega, dijo en rueda de prensa, en respuesta a la advertencia del ministro Murillo, que los bloqueos y otras protestas "van a seguir sumando presión" sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"El Tribunal no garantiza ni siquiera las elecciones del 18 de octubre, por eso el pueblo está en las calles y caminos y va a intensificarse la movilización", declaró Vega.
El TSE decidió a fines de julio posponer por tercera vez, arguyendo los riesgos de la pandemia de COVID-19, las elecciones generales que estaban convocadas inicialmente para el 3 de mayo.
La huelga fue declarada en demanda de que se respete la fecha del 6 de septiembre, que era producto de un acuerdo político y una ley, a diferencia del último aplazamiento que fue decidido directamente por el TSE.
