"No hemos ahorrado esfuerzo alguno en el propósito de proteger la vida de los excombatientes; en la coordinación que se desarrolla por esta Consejería trabajan 10 entidades del Estado y se han adoptado más de 40 medidas especiales", dijo el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, según declaraciones difundidas por su despacho.
Archila también se refirió a la orden dada por la JEP en la víspera para que se coordine la protección de los integrantes del partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la desmovilización de la guerrilla), lo cual corresponde a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y dijo que dicho amparo se da desde las pasadas elecciones de 2018.
Sobre la orden de la JEP, el funcionario también expresó: "Nos están obligando a hacer lo que ya estábamos haciendo. Nos ordenan hacer el 15% de lo que ya estamos haciendo".
El consejero consideró indispensable que las medidas impartidas por la JEP estén en plena coordinación con las 10 entidades que operan en el comité que conformó el presidente Iván Duque para proteger a los excombatientes.
"Reitero que son bienvenidas las medidas anunciadas o propuestas por la JEP, y consideramos que deben ser complementarias a lo que se está haciendo para lograr una mejor articulación, con los mejores resultados", finalizó.
El 30 de julio la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los excombatientes de las FARC que están sometidos a esa jurisdicción luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, pues más de 200 comparecientes han sido asesinados.
Las medidas también se tomaron luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad que obligó, hace dos semanas, a realizar un traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia (noroeste).
