Según la líder de la facción parlamentaria del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Ozlem Zengin, se requerirá a las grandes redes sociales con más de un millón de usuarios que tengan una oficina de representación en Turquía, cuyo jefe debe ser un ciudadano turco.
Los mensajes que las autoridades turcas consideren ofensivos y difamatorios, deberán ser eliminados sin una decisión judicial dentro de las 48 horas.
El proyecto de ley exige también que las empresas almacenen todos los datos de sus clientes turcos en Turquía.
La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell, declaró que la ONU está preocupada por esta ley turca, que podría socavar los derechos y libertades de los ciudadanos de expresar sus opiniones.
Throssell señaló que, según el Ministerio del Interior de Turquía, hasta mayo de 2020 al menos 510 personas fueron detenidas por mensajes supuestamente "infundados" y "provocativos" en las redes sociales sobre la pandemia del COVID-19.
