"Resulta indignante que en plena pandemia el MAS busque imponer a bolivianos una agenda política", protestó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, mientras la presidenta de la Comisión de Planificación de Diputados, Otilia Choque, afirmaba que "el país es el que pierde por la intransigencia del Gobierno".
Núñez había convocado a dos encuentros sucesivos a representantes del Senado para discutir una ley en trámite que ampliaría hasta el 31 de diciembre un diferimiento de pagos de créditos internos y a una comisión de la Cámara de Diputados para tratar de desbloquear la aprobación de créditos externos.
Los desencuentros sumaban roces entre el Gobierno de Jeanine Áñez y la Asamblea controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019), incluida una demanda del Ejecutivo contra una ley que impone controles a las operaciones de seguridad y financieras bajo estados de excepción.
"Al MAS no le interesa la vida, la salud, no le interesa reactivar la economía, solo les interesa bloquear, al MAS le interesa que fracasemos", dijo Núñez en conferencia de prensa, acusando al partido de Morales de "actitud intransigente" y de "bloquear créditos argumentando mentiras".
Choque, de las filas del MAS, dijo que "ante la actitud de soberbia del Ejecutivo" el parlamento mantendría congelados los trámites de aprobación de créditos hasta que el Gobierno complete la documentación requerida, incluyendo contratos con los organismos financiadores y planes de gasto.
La diputada denunció que a la par de sus llamados al diálogo el Gobierno continuaba una campaña de desprestigio contra el MAS acusándolo de impedir el pago de un Bono Salud de alivio por la pandemia, que la presidenta Áñez anunció condicionándolo a que el parlamento apruebe créditos contratados en los últimos meses.
Agregó que la falta de contrato entre el Gobierno y del FMI afectaba al más polémico de los créditos observados por el parlamento, uno de 327 millones de dólares de ese organismo, que el MAS ha denunciado como condicionado a cambios de política económica.
Choque agregó que en el mejor de los casos su comisión parlamentaria reabriría en los primeros días de agosto el análisis de los créditos en disputa.
El Gobierno de Áñez ha informado que, de varios créditos contratados desde noviembre pasado por un total de casi 1.250 millones de dólares, el parlamento solo ha aprobado financiamientos menores que suman 73 millones.
