"No nos van a acallar y vamos a seguir trabajando, recurriremos a toda la institucionalidad que tiene el Estado", dijo Cruz al anunciar en conferencia de prensa que había presentado una demanda penal contra el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.
El conflicto estalló el 13 de julio, cuando el viceministro Santamaría informó que el Gobierno había decidido desconocer la autoridad de Cruz, dejando de responder a los requerimientos de información y otras comunicaciones de la defensora designada hace un año y medio por el parlamento.
Cruz, quien fue elevada al cargo en forma interina a fines de enero de 2019, tras la renuncia del defensor titular David Tezanos Pinto, cumplió este viernes su amenaza de enjuiciar a autoridades que rechacen sus requerimientos de información, advirtiendo que podría llegar a plantear un juicio contra la presidenta Áñez.
La oficina de prensa de Cruz precisó que la demanda contra Núñez y Santamaría refería supuestos delitos penales de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir el ejercicio de funciones.
Sobre su interinado, la defensora dijo que la Ley del Defensor del Pueblo señala que regirá "en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación" de un titular.
Añadió que estaba amparada además por una "Medida Cautelar" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ejercer sus funciones, que según remarcó representan a todos los ciudadanos que tienen quejas contra abusos cometidos por el Gobierno.
Indicó que esperaba que la Justicia resuelva pronto el conflicto, aunque no había plazo para ello.
El Gobierno de Áñez ha promovido en tribunales ordinarios varios juicios contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y algunos de sus colaboradores y ha acudido además al Tribunal Constitucional en procura de frenar leyes aprobadas por la mayoría opositora en el parlamento.
