¿Un 'Iran gate' para el vicepresidente de España? Investigan una supuesta 'caja B' de Podemos

La productora audiovisual en la que colaboraba el actual vicepresidente del Gobierno de España, 360 Global Media, fue objeto de la atención del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Seplac) por sus vínculos con empresas sospechosas de lavar dinero procedente de Irán, según informaciones aparecidas en la prensa española.

Según publica el diario El Mundo, hasta en tres ocasiones (2013, 2017 y 2018) el Seplac informó a la Policía de tal nexo. La productora 360 Global Media realizaba en aquellos años diversos programas de tertulia y análisis, como La Tuerka y Fort Apache, ambos presentados por Pablo Iglesias y entre cuyos invitados a menudo figuraban futuros miembros de Unidas Podemos, como Juan Carlos Monedero ―que también llegó a presentar La Tuerka―, Rafael Mayoral, Íñigo Errejón, Manuel Monereo o Tania Sánchez.

En 2013 se detectó que la compañía Fluvial Spain SL, dedicada a la venta de programas informáticos para aplicaciones civiles y militares, podía tener lazos comerciales con Irán, prohibidas a tenor del régimen de sanciones internacionales contra ese país. Según El Mundo, dos personas resultaron arrestadas y se constató que 16 empresas sin relación aparente entre sí (ocho de ellas con sede en Dubái) transferían periódicamente cantidades inferiores a 40.000 euros a 360 Global Media, dirigida por el ciudadano iraní Mahmud Alizadeh Azimi.

Posteriormente el Seplac, siempre según este rotativo, remitió un informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el que se señalaba que Pablo Iglesias y sus colaboradores podían estar cobrando sus emolumentos con un dinero de origen desconocido, pero vinculado con Irán, a través de sociedades pantalla. De ahí que este organismo estimara que la dinámica de ese dinero atendía a un posible blanqueo de capitales. Los siguientes dos informes, de 2017 y 2018, consignaron las mismas sospechas.

¿Financiación ilegal?

Por otra parte, un juez se halla investigando una denuncia contra la formación política Podemos por financiación ilegal, presentada por un exintegrante de sus equipos jurídicos.

El magistrado Juan José Escalonilla ha ordenado instruir una serie de diligencias previas para determinar si la denuncia cursada contra este partido por José Manuel Calvente, despedido en diciembre de 2019 por supuestas irregularidades administrativas, es merecedora de la apertura de una investigación. El juez quiere identificar a la persona física y jurídica que bajo el nombre de #404 Comunicación Popular solicitó 55.000 euros a la Caja de Solidaridad de Podemos, 

A tal fin ha citado a declarar a otra exletrada de Podemos, Mónica Carmona, y a la exjefa del equipo jurídico de la formación, Gloria Elizo, aparte del propio José Manuel Calvente.

Se da la circunstancia de que Calvente fue despedido de Podemos tras una denuncia por acoso sexual de Marta Flor, abogada también de Podemos y que defendía los intereses de Dina Boussenhalm en el llamado caso Dina (pieza separada del caso Villarejo) hasta que fue apartada del mismo a instancias de la Fiscalía.

En su denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, Calvente sostiene que su despido se debió en realidad al conocimiento de información confidencial sobre Podemos, habida cuenta de su posición como responsable de protección de datos y confidencialidad del partido.

Calvente señala a dirigentes como Juanma Olmo y Rafael Mayoral como autores de delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Como el juez Escalonilla no ha podido determinar la naturaleza y circunstancias de los supuestos hechos, ha acordado pedir diligencias. En el atestado que la Guardia Civil dirigió al juez, los posibles delitos quedaron ya rebajados a malversación de caudales públicos y administración desleal.

Hubo otras investigaciones

A lo largo de su corta existencia, la formación política Podemos ha sido objeto de diversas investigaciones, todas finalmente archivadas (hasta 14). El objetivo de las mismas era intentar demostrar una supuesta caja B del partido con dinero proveniente de Venezuela e Irán.

En dos de ellas, la justicia española desestimó el caso elevado por la organización Manos Limpias, cuyo líder Miguel Bernad se encuentra actualmente en libertad condicional tras ingresar provisionalmente en la cárcel en 2016 por supuestos delitos de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública y falsedad documental. También en 2016, la publicación del denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) en el diario digital OK Diario tampoco obtuvo ningún recorrido judicial. El documento, que se reveló falso y alertaba de una financiación ilegal de Podemos proveniente de Irán, fue desestimado por los jueces por carecer "de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba".