"Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia (…) por Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política", señala un aparte de la enmienda, publicada por el diario local El Tiempo.
El pasado 2 de mayo la local revista Semana expuso una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y líderes sociales realizada por unidades del Ejército entre febrero y diciembre de 2019.

Las carpetas contienen números de teléfono, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas y hasta infracciones de tráfico, indicó Semana.
La enmienda aprobada exige también que las autoridades colombianas investiguen tales interceptaciones y que den con los responsables y los destinatarios de dicha práctica.
Por último, señala que en 120 días, contados a partir de esta fecha, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Departamento de Defensa de EEUU deberán entregar al Congreso de ese país un informe sobre el uso que hace Colombia de la asistencia en seguridad brindada por la Casa Blanca.