El 15 de julio el Gobierno de Sebastián Piñera recibió un nuevo revés con la media sanción que la Cámara de Diputados le dio a un proyecto de ley que permite, por única vez, que cada trabajador retire anticipadamente 10% de sus fondos previsionales.
"Desde los años 80 no se escuchaba un caceroleo así en los cerros de Valparaíso, fue un retumbar increíble", destacó el profesor de Periodismo y director del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
"Después de haber asumido este Gobierno con una buena votación y de haber estado a la cabeza de la profundización del neoliberalismo en los últimos dos años, a partir del estallido social de 18 de octubre de 2019 está en las cuerdas, en la esquina, recibe una tras otra ofensiva", dijo el entrevistado apelando la metáfora del boxeador que está punto de caer por nocáut.
"Todo esto gracias al estallido social y permanente movilización de amplios sectores de la población", añadió.
De armas tomar
Desde que el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud dictaminó que el COVID-19 se había convertido en pandemia, el Gobierno tomó decisiones que durante las primeras semanas lograron desactivar la presencia permanente de protestas y movilizaciones en las calles.
Cuando se tomaron las medidas de control social para frenar la velocidad de contagio del COVID-19 y evitar los rebrotes de la protesta social, la represión iniciada en octubre ya había dejado "450 personas con pérdida total o parcial de su visión y unos 50 fallecidos".
"Hay todavía cerca de 1.000 jóvenes presos en las cárceles por el estallido, la mayoría en Santiago, el resto en Concepción. Están presos junto con población de reos comunes", describió Santander una de las facetas de la criminalización de la protestas llevada adelante por el Gobierno.
"No obstante, ha pasado algo sorprendente y es que a pesar de todo eso el pueblo chileno ha seguido movilizado", resumió el experto. Uno de los logros de las movilizaciones populares fue llegar a la votación de este miércoles 22 en el Senado con posibilidad real de que sea aprobado el proyecto para retirar 10% del fondo de pensiones para paliar la crisis económica.
Todos menos ellos
"Todos los trabajadores y trabajadoras de Chile tenemos que entregar por ley 12% de nuestros sueldos todos los meses a seis, siete AFP, la mayoría compradas ya por consorcios estadounidenses", indicó el académico chileno.
"Les llega un chorro de dinero sin que se muevan del directorio", graficó el entrevistado, al mencionar que unas siete millones de personas mensualmente deben dirigir ese porcentaje de sus ingresos para las administradoras previsionales.
Pero no todos los que trabajan y generan aportes para la jubilación están obligados a contratar una AFP. "Se aplica a todos excepto a las Fuerzas Armadas y del orden. El Ejército, la aviación, la Marina, la Policía y Gendarmería cotizan en el sistema antiguo, que es un sistema mixto y solidario de reparto, y tiene por lejos las mejores pensiones de Chile", apuntó.
Esta diferencia entre los civiles y los uniformados también quedó establecida durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990) y hasta ahora no había podido ser revisada por falta de voluntad política. Pero el movimiento "No + AFP" cobró fuerza en los últimos cinco años, al punto que en 2016 y sólo en la capital Santiago se movilizaron un millón de personas durante una marcha en contra del sistema.
"Creo que es el principio del fín", opinó Santander sobre las AFP, pues si bien el proyecto determina que el retiro anticipado sea por "única vez", en los hechos el sistema ya fue perforado. El académico advirtió que "si por alguna razón esto no se aprueba el miércoles, este país se incendia".
