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Vida y obra de la 'familia real' catalana caída en desgracia: ¿quiénes son los Pujol?

© AFP 2023 / Pau BarrenaCatalan former President Jordi Pujol (L) and his wife Marta Ferrusola
Catalan former President Jordi Pujol (L) and his wife Marta Ferrusola - Sputnik Mundo
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La Audiencia Nacional, tribunal en España encargado de juzgar las fechorías más graves, propone juzgar al expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa y sus siete hijos por un delito de organización criminal. Repasamos las figuras, patrimonio, capital y gustos del controvertido clan que gobernó Cataluña durante 23 años con un enfoque nacionalista.

El juez José de la Mata considera acreditado que la familia se aprovechó de su posición política y social en Cataluña "para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

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Estas actividades tuvieron lugar durante el periodo en que Jordi Pujol i Soley (1930) estuvo al frente de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña (1980-2003). Durante este espacio de tiempo, Pujol cultivó una autoridad casi total en este territorio. Su figura era sinónimo de la propia Cataluña y cualquier atisbo de duda sobre la legalidad de sus actos se consideraba un ataque a la propia Cataluña. Pero las investigaciones policiales de los últimos años han terminado por esclarecer una conducta impropia de la honorabilidad del cargo que ostentó.

Sirviéndose del cargo

Pero ahora el juez propone procesar a él y toda su familia por asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Algunas fuentes estiman que el capital evadido al extranjero por la familia podría ascender hasta los 1.800 millones de euros. Y según la Policía española, el beneficio económico no justificado entre 1990 y 2014, a 70 millones.

El esquema era el siguiente. Se recaudaba dinero a través de terceras personas, sobre todo ligadas a empresas, que realizaban de manera ilícita pagos millonarios a la familia disimulados bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. Se simulaban operaciones contractuales de asesoramiento. Era, supuestamente, la contrapartida a la adjudicación de contratos de obra pública y recalificaciones urbanísticas por todo el territorio catalán.

Disfrutando de la 'omertà'

Sólo a partir de las elecciones al Parlamento catalán en 2003, cuando un gobierno de coalición desalojó a Jordi Pujol de la presidencia de la Generalidad tras 23 años seguidos en el poder, algunos medios de comunicación empezaron a hacerse eco de los rumores que circulaban sobre el sistema de cobro de comisiones ilegales en el Gobierno catalán durante la era Pujol.

Fue en 2005 cuando el diario catalán El Periódico, en un editorial dedicado a las causas del derrumbe de las obras del metro a su paso por el barrio barcelonés del Carmel, que afectó a muchas viviendas, habló de investigar "si todo lo que se dice en Catalunya sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas de la obra del Carmel".

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El nuevo presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, aludió entonces a estas prácticas, una especie de vox populi soterrado, calificándola de "el 3%", en alusión a las comisiones que supuestamente cobraba la Generalidad por la adjudicación de obra pública, un dinero que en principio ayudaba a financiar ilegalmente a la formación política Convergència Democrática de Catalunya (CDC), en el poder junto a su socio de coalición Unió Democrática de Catalunya entre 1980 y 2003, cuando ambos integraban la federación de partidos nacionalistas Convergència i Unió (CiU). Posteriormente, se supo que la mordida del 3% era variable, pudiendo en algunos casos superar el 4%.

A partir de 1983, con la creación de los primeros entes de comunicación autonómicos en Cataluña de propiedad pública con TV3 y Catalunya Ràdio, Jordi Pujol y su Gobierno, según sus contrarios, iniciaron una progresiva patrimonialización, también mediante inyecciones financieras, de estos medios de comunicación catalanes, influyendo de manera partidista.

Coincidencia cronológica

La caída en desgracia de la familia Pujol se produce en 2012, cuando se empiezan a revelar datos comprometedores para sus intereses. El expresidente catalán atribuyó en 2014 el origen de su fortuna a una herencia dejada en Andorra por su padre Florenci, capital que aprovechó para legalizar gracias a la amnistía fiscal decretada por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Eran los años de mayor impacto en España de la crisis económica desatada a partir de 2008. Curiosamente, es la época en que también empiezan a aflorar los escándalos en torno al rey de España, Juan Carlos I. Puede decirse que la omertà para con los negocios de tanto Jordi Pujol como Juan Carlos I se acabó con la crisis. Pero antes, Pujol incluso se arropó del manto nacionalista para contener el primer gran escándalo que tuvo que afrontar: el de Banca Catalana.

El primer problema, la quiebra de un banco

En 1984, Jordi Pujol, junto con otros 17 directivos, fue investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y maquinaciones para alterar precios, previa querella del Fiscal General del Estado. El Banco de España había detectado dos años atrás un importante agujero en Banca Catalana y la situación era insostenible. La entidad acabó desapareciendo.

Pero Jordi Pujol, que había creado esta entidad bancaria en 1960 junto a su padre Florenci y el marchante israelí David Tennembaum, logró dar públicamente la vuelta a las acusaciones y presentar la investigación no como una acción judicial contra él y sus socios, sino contra toda Cataluña. Es decir, en un momento en que disfrutaba de mayoría absoluta en el Parlamento catalán, se envolvió con la bandera y salió indemne. Miles de inversores quedaron arruinados. Así se saldó el primer envite.

Su esposa, 'la madre superiora'

Nacida en 1935, su cónyuge Marta Ferrusola Lladós, que se autodenominaba "la madre superiora de la congregación", conformaba otro vértice del poliedro familiar de los Pujol, lo más parecido a una familia real que ha tenido Cataluña en cientos de años.

De profundas convicciones católicas y con cierto peso político merced a sus controvertidas declaraciones incluso de tintes racistas, la firma de Ferrusola aparece en diversos documentos. Bajo el nombre de madre superiora de la congregación, emitía órdenes manuscritas para proceder a transferencias bancarias, como la dictada a su gestor José María Pallerola:

"Reverendo Mosen, soy la madre superiora de la congregación, desearía que traspasases dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te dirá a quien se le ha de colocar".

Marta Ferrusola y su marido no parecen haber incrementado su patrimonio desde 1980: residen en un piso de casi 250 metros cuadrados en el centro de Barcelona y tienen dos casas de veraneo, una en la costa, en Premià, y otra en Queralb, un pueblo del Pirineo de dónde procede ella.

Sus cinco hijos y dos hijas

El hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola (1958), era el "capellán de la parroquia" y daba instrucciones a sus hermanos. Según el juez, recibía y distribuía el dinero. Operaba en las cuentas offshore en Andorra y muchas de sus inversiones estuvieron directamente ligadas al patrimonio económico que gestionaba para la familia, para cuyas cuentas instruía a los gestores bancarios.

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Se le considera el cerebro económico y las primeras investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Delitos Fiscales (UDEF) de la Policía probaron el movimiento de hasta 32 millones de euros por paraísos fiscales. Su fortuna personal asciende a unos 600 millones. Es posible que parte de esa fortuna se haya desviado a América Latina. Su hija Mercè se casó en México con el hijo del multimillonario Javier García de Quevedo, presidente de Grupo México. Jordi Pujol Ferrusola es un hombre de gustos caros. Posee a su nombre o al de sus sociedades 16 automóviles, entre ellos cuatro Ferrari, 16 motocicletas, tres furgonetas y un quad. Dispone de una mansión en el barrio barcelonés de Pedralbes, de clase alta.

Oriol Pujol Ferrusola (1966) tuvo incluso su momento político, pues fue secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña entre el 24 de marzo de 2012 y el 19 de marzo de 2013. Después dimitió, al ser investigado por un delito de tráfico de influencias, el caso de las ITV. Ya estuvo en prisión en 2019, pero al cabo de unos meses la Generalidad de Cataluña le concedió el régimen de reclusión en tercer grado. Tiene una mansión en Urús (Gerona).

Oleguer Pujol Ferrusola (1972) es el menor de los hermanos y se le investiga desde 2014 por un presunto blanqueo de capitales por una macrooperación de compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en Cataluña en 2007 por valor de más de 2.000 millones de euros. Supuestamente es quien dirigía las finanzas de la familia.

Los cuatro hermanos restantes parecen haber mantenido un perfil más bajo, pero según el juez todos seguían instrucciones de su hermano mayor, Jordi, para gestionar parte de los capitales que este distribuía. Han maniobrado para mantener su patrimonio ilícito oculto. Josep Pujol Ferrusola (1963), por ejemplo, es propietario de una mansión en Latour-de-Carol (Francia, en los Pirineos Orientales), mientras que Pere Pujol Ferrusola (1965) es el que mantiene un perfil más discreto.

Las dos mujeres del clan supuestamente no han participado tanto de la vorágine de negocios de sus hermanos, pero igualmente hay algunos datos sospechosos que apuntan a un claro enriquecimiento.

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Marta Pujol Ferrusola (1959) es arquitecta y trabajó como tal en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, cargo que ocupó durante 10 años al ser nombrada a dedo. Desde entonces ejerce como consultora externa. En 1999 se supo que había ganado unos 50 millones de pesetas de la época (300.000 euros al cambio actual) gracias a un número inusual de adjudicaciones públicas. Mireia Pujol Ferrusola (1969) es fisioterapeuta, pero ha ganado más de un millón de euros, atendiendo a la cantidad de dinero que regularizó con Hacienda. Como sus hermanos varones, a las dos mujeres también se les imputan delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

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