En el recurso, la AGU argumenta que el presidente debe tener un tratamiento igual al de los demás ciudadanos, destacando que "la situación de los autos indica la imposición de un control fiscalizatorio más rígido y oneroso al presidente de la República", según adelantó el portal de noticias local G1.
El Gobierno sostiene que la decisión judicial no es necesaria porque el presidente ya está sujeto a la norma que está en vigor en el Distrito Federal (la región donde se encuentra Brasilia, la capital), desde el 30 de abril.
A pesar de que la ley obliga a su uso en espacios públicos, el presidente la ha incumplido en numerosas ocasiones, muchas veces incluso en actos con multitud de simpatizantes, contrariando todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La Justicia estableció esta semana una multa diaria de 2.000 reales (387 dólares) en casa de incumplimiento en el caso del presidente, y de 20.000 reales (3.870 dólares) en el caso de los trabajadores y colaboradores del Gobierno mientras estén trabajando.
El pasado 15 de junio, otro miembro del Gobierno, el exministro de Educación, Abraham Weintraub, recibió una multa de 2.000 reales por no usar máscara durante una manifestación en Brasilia.