Para ilustrar el clima de hostilidad que reina en el pueblo, un vecino cuenta esta anécdota: "La empresa celebró una paella popular y solo fueron los empleados, porque nadie —ni los que estaban a favor ni los que se oponían— quería verse involucrado". La tensión se palpa en Retortillo, un pueblo de la provincia de Salamanca, y ha salpicado a otras localidades próximas como Villares de Yeltes y Villavieja de Yeltes. ¿El motivo? Una posible mina de uranio a cielo abierto en la zona. La empresa australiana Berkeley anunció hace una década la intención de extraer el mineral en este rincón del centro de España.
Este 16 de junio, por ejemplo, el ayuntamiento de Villavieja de Yeltes presentaba un recurso de alzada para desestimar el informe de Impacto Medioambiental que se elaboró en 2013. Es uno de los miles de papeles que se suman a esta causa: desde que Berkeley Minera España publicó la intención de extraer hasta 2,2 millones de toneladas de este mineral radioactivo, los trámites entre regiones, ministerios estatales o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han ido sucediéndose, aliñados por denuncias o recursos interpuestos.
En un primer estadio, se autorizó la posesión del terreno. Luego se paralizó. Ahora, aunque la compañía haya anunciado que está "lista para invertir" 87 millones de euros y crear 500 puestos de trabajo o venda el proyecto como "uno de los más relevantes de la región, sobre todo después del COVID-19", sigue sin moverse nada. En parte, porque la Declaración de Impacto Ambiental —un informe imprescindible— se le otorgó en 2013. La emitió la Junta de Castilla y León (provincia a la que pertenece) y caducaba en cinco años, por lo que se pide su extinción. Además, también falta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dé luz verde al proyecto.
Por eso, la mina de uranio sigue siendo un tema caliente en Retortillo y poblaciones aledañas. En el consistorio no responden a las llamadas. Y Eustaquio Martín, el alcalde (alineado en la postura a favor) no suele hacer declaraciones en medios: prefiere no meterse en más jardines, aduce el vecino anónimo que planteaba la imagen de la paella. Este, que se manifiesta contrario a la idea, entiende que en su momento se viera como un vergel de trabajo.
"Aunque ni siquiera esa es una buena razón, porque la zona no necesita empleo. Quien vive aquí del campo, tiene faena. Y quien estudia o se prepara para un oficio, se va a una ciudad", analiza.
"No es un proyecto a largo plazo y lo único que nos va a dejar es un río contaminado", alega, viendo "incompatible" el turismo con la minería. "A lo mejor en el proceso de extracción daría algo de empleo o animaría económicamente el pueblo, pero no eliminaría el problema que tiene Retortillo (y toda la España rural) y agudizaría el problema social", arguye, "porque esto ha sido una división total. Y ha generado una atmósfera de incertidumbre y de negatividad. Muchos negocios no se atreven a montar nada por miedo", zanja.
Ya lo han hecho: cuando el proyecto arrancó, el recinto demarcado se convirtió en un cementerio de troncos. 25.000 hectáreas, calcularon los vecinos, aunque la empresa lo negara. Dejaron un perímetro inerme, de color parduzco, que hoy luce abandonado. Solo custodiado por una valla metálica y una garita de seguridad que, según testigos consultados, hace tiempo que no aloja a nadie.
Su hija, Raquel Romo, es una de las portavoces de la plataforma Stop Uranio. Propietaria de una local de souvenirs (cerrado estos meses por la pandemia), Romo ve incompatible la actividad de la empresa con la idiosincrasia tranquila de "este paraíso". "Aquí la gente vive del ganado, de cerdos, vacas, y de la agricultura. Y el balneario da 60 empleos directos —la mayoría a mujeres, con lo difícil que es el empleo femenino en el mundo rural— y algunos indirectos como mi tiendecita".
José Ramón Barrueco, también de la plataforma, apoya a su compañera. Y actualiza la coyuntura. "A ver, el tema está muy enquistado", avisa. Después de relatar todos estos años de lucha y de detallar las subidas y bajadas en bolsa de Berkeley o el intrincado engranaje burocrático por el que ha atravesado la planta, resume: "Es una situación judicial y administrativa compleja. Y la opinión de la gente ha pasado por diferentes fases".
"¡Hay hasta hermanos peleados!", le secunda Jorge Rodríguez, alcalde de Villavieja de Yeltes. La cruzada de este edil, que además es profesor de matemáticas en un instituto de Ciudad Rodrigo, ha llegado hasta YouTube. Abrió un canal en este servidor de vídeos para mostrar su rechazo e ir vertiendo los tejemanejes políticos del tema. Al principio, reconoce, se situó a favor de la propuesta de Berkeley. "Quizás fue falta de prudencia o la percepción distorsionada de la crisis", se defiende. "Veíamos el batacazo de paro que había y si esto era una oportunidad para la gente de la zona, no estaba mal", confiesa quien ha visto cómo sus propios alumnos echaban el currículum.
Porque la oferta parecía jugosa. "Las nóminas eran aceptables para lo que se cobra en el campo", agrega. Sin embargo, el transcurrir yermo de los años le ha volteado su postura. "Me di cuenta pronto de que no era bueno. Una de las partes de la mina (que está separada en dos balsas: Retortillo y Santidad) estaba a 150 metros del colegio, y es que ni siquiera sé si por la calidad del suelo se puede sacar uranio", confiesa, rememorando meticulosamente el proceso desde que llegó Berkeley y aludiendo a una extracción similar en Andújar, Jaén, que se cerró en 1981.
"Solo nos iba a contaminar la tierra y el agua, y se ha demostrado que provoca una mayor aparición de cánceres", anota.
Un miembro del Consejo Seguridad Nuclear (que prefiere mantenerse anónimo) comenta cómo la minería de uranio sirve para alimentar la energía nuclear y que por eso es útil. Aunque, con la progresiva disminución de esta energía, apenas se explota. "A lo mejor en países de África", duda, mencionando una de Canadá desarrollada por Berkeley que cerró hace poco. "En España ya hubo minas de uranio que cerraron a finales del siglo pasado porque no eran rentables. El uranio es relativamente abundante pero disperso salvo en algunas zonas. Es una minería muy contaminante y, según la cantidad que puedas extraer, compensa o no", opinan en Ecologistas en Acción.
"Ha obtenido casi 130 permisos e informes favorables de todos los organismos involucrados, incluyendo autoridades locales, provinciales, estatales y europeas, como los Ayuntamientos de Retortillo, Villavieja y Villares de Yeltes, Diputación de Salamanca, Junta de Castilla y León, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Unión Europea", indican desde la empresa.
"El proyecto cumple estrictamente con todos los requisitos técnicos y medioambientales”, inciden, catalogando la técnica para esta actuación como "de transferencia".
Facilita, sostienen, que la restauración del espacio afectado por el proyecto se realice en paralelo a las labores de explotación. "Permite utilizar una menor superficie, aumentar el ahorro de agua y, por lo tanto, minimizar al máximo el impacto ambiental, y todo ello, además, de manera compatible con la actividad agrícola y ganadera presente en la zona en la que se enmarca el proyecto. Asimismo hemos desarrollado un Plan de Recuperación de Hábitats que permitirá la repoblación de 100 hectáreas de terreno fuera de la zona de la mina", aducen.
De momento solo hay constancia firme de una cosa: al almuerzo público que convocaron no fue más que su escuálida plantilla. En el pueblo nadie quería identificarse con esta causa que lo ha fragmentado en dos.
