"Los bolivianos (necesitan) saber si ese día de la elección no van a correr peligro de contagio, eso es algo que se tiene que tener en cuenta y creo que postergar un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie", afirmó la gobernante, quien es también candidata presidencial por la alianza derechista Juntos.
La declaración presidencial, salpicada con duros ataques al Movimiento Al Socialismo (MAS) del exmandatario Evo Morales, acrecentó la incertidumbre sobre la votación que debía realizarse el 3 de mayo y resultó suspendida a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Dando a entender que la ley de elecciones podría ser promulgada finalmente por la presidenta del parlamento, la masista Eva Copa, Áñez aseguró en su alocución en la ciudad sureña de Tarija, donde entregó equipos médicos, que acatará la fecha de votación que fije el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Idas y venidas
Una promesa similar había hecho Juntos el 1 de junio, exigiendo al TSE que fijara "de una vez por todas" la fecha electoral, pero cuando ese tribunal propuso formalmente al parlamento la ley que señala al 6 de septiembre la presidenta dio marcha atrás y dejó la norma sin firmar, hasta ahora.
Este martes 16 insistió en que sus objeciones a la fecha electoral definida por el parlamento y el TSE se fundamentaba principalmente en la crisis sanitaria.
"Nosotros estamos por la vida y protección de la salud de todos los bolivianos, pero vamos a acatar todo lo que establezca el TSE, porque también nosotros queremos elecciones; llamarnos prorroguistas no solamente es irresponsable, sino injusto", dijo.
Según la senadora que gobierna desde el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, Bolivia sufre una crisis política —sumada a la crisis sanitaria y a los problemas económicos derivados de la pandemia— que atribuyó en gran medida a la acción del expresidente y su partido, en el parlamento y en las protestas callejeras.
La gobernante calificó como "oportunistas políticos" a los parlamentarios del MAS, en alusión a la sanción de la ley electoral y al debate de otra ley dirigida a limitar poderes presidenciales en estados de excepción, mientras están congelados trámites de ratificación legislativa de créditos internacionales.
Las acciones del parlamento y las protestas convocadas por líderes sociales como consecuencia de la pandemia serían parte de un golpe de Estado promovido por Morales, según denunció más temprano este martes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
