"No ha habido ninguna objeción, se ha abstenido el partido oficialista [de la presidenta transitoria Jeanine Áñez] a votar pero hemos obtenido los dos tercios", dijo a reporteros la presidenta del Senado, Eva Copa, tras la imprevista votación en la Cámara Alta.
La ley quedó sancionada al ratificar el Senado en una sesión vespertina, el proyecto que la Cámara de Diputados aprobara horas antes.
Para promulgación
Copa dijo que la ley sería remitida de inmediato a la presidenta Áñez para que la promulgue o la objete.
La norma establece que, tras su promulgación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 48 horas para emitir la convocatoria a la votación, prevista para el 6 de septiembre, que culminará el proceso electoral desarrollado a medias hasta que fue decretada la actual cuarentena nacional.
"Con esta ley se va a dar fecha de caducidad a todo el abuso que se comete a nivel nacional", declaró la diputada masista Carmen Cruz, en alusión al Gobierno transitorio de Áñez, que mantenía sus objeciones a los comicios con el argumento de que podrían provocar un contagio masivo de COVID-19.
El proyecto legal fue defendido en la sesión de Diputados por el presidente del TSE, Salvador Romero, quien dijo que la fecha del 6 de septiembre surgió de un acuerdo que ese organismo negoció con los ocho partidos y frentes habilitados para los comicios.
Sin embargo, el frente Juntos que postula a Áñez y la agrupación Creemos que tiene como candidato al exlíder cívico Luis Fernando Camacho dijeron que, si bien fueron consultados por el TSE, no habían dado su aval a la fecha de votación.
La agrupación Comunidad Ciudadana, cuyo candidato es el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y no tiene representación parlamentaria, apoyó también la fecha propuesta por el TSE.
La votación general estaba prevista para el 3 de mayo y resultó suspendida a causa del confinamiento nacional por la pandemia.
El proceso electoral se realiza gracias a un acuerdo político del fines del año pasado para reponer el orden constitucional que resultó alterado por la renuncia forzada de Morales y la autoproclamación presidencial de la senadora Áñez.
