Desindustrialización en España: Alcoa o el fin del aluminio

"Nosotros no queremos ser como las islas o como el sur de España, que dependen solo de los servicios. Lo dicen hasta los de la hostelería: aquí no se puede vivir de tres meses". La queja es de Luis Cardoso, secretario general de UGT en la zona de A Mariña, una comarca de Lugo. Allí, al norte de esta provincia de España, se encuentra San Ciprián. Esta localidad de unos 2.600 habitantes resiste laboralmente gracias a Alcoa, empresa multinacional de aluminio. Y la protesta tiene sentido: acaba de anunciar el posible despido de 534 trabajadores de una planta que genera el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona.

Un batacazo que responde a la desindustrialización paulatina de España. Junto al cierre de la fábrica automovilística Nissan en Barcelona (con cerca de 3.000 personas afectadas directamente), esta compañía representa el recorte del sector primario en el país mediterráneo. Tal deriva pone en entredicho el modelo económico español, que durante las últimas décadas ha tendido al turismo, al famoso "sol y playa". Fórmula que funciona a rachas, pues está al albur de algunos caprichos humanitarios como la selección de otros destinos vacacionales, los fenómenos atmosféricos o, el más reciente, una crisis sanitaria.

Por eso, Cardoso aboga por la industria, un pilar de la sociedad. "No solo defendemos empleos, sino la supervivencia de todo el área", advierte quien asegura haber trabajado "a tope" estas semanas, desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo: según indica, a estos despidos se les sumarán unos 300 relacionados. Algo que se asemeja con lo que ocurre en el resto del país: un informe elaborado por American Express y el lobby World Travel & Tourism Council (WTTC) revelaba en 2019 que la aportación al PIB y al empleo del turismo representaba, con 190.000 empleos, el 15% de PIB. Lo seguía la construcción (14%) o la salud (12%) y significaba tres veces más que la automoción (unos 60.000 empleos, un 5%)

"Que se pierda Alcoa es como si a Madrid se le quita la capitalidad, porque de ella dependen transportes y muchos puestos de trabajo indirectos", arguye.     

Reflexiones que se hacen muchos expertos, aparte de Cardoso. Este líder sindical ha acompañado a sus compañeros en las manifestaciones de los últimos días. Algunas con disturbios. "Pensamos que el anuncio es una decisión estratégica, porque su intención no es marcharse. España no puede convertirse en un país de servicios", arguye.

Según avisan desde la empresa —compuesta por una planta de aluminio y una de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente—, el 28 de mayo se reunió "con los representantes de los trabajadores de San Ciprián para informarles de las graves circunstancias y de la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio, debido a factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente". Esta coyuntura, apuntan desde la compañía, "han llevado a Alcoa a contemplar el inicio de un periodo de consultas para un proceso de despido colectivo" que "afectaría potencialmente hasta a un máximo de 534 empleados".

​Alcoa se propuso abrir un diálogo de tres semanas y afrontar "una serie de problemas externos de producción y de mercado que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva". La multinacional estima unas pérdidas de 54 millones de euros a lo largo de 2020. En el ejercicio anterior, correspondiente a 2019, la multinacional publicó unas pérdidas globales de unos 1.000 millones de euros, frente al beneficio en 2018 de 625 millones de euros. Como consecuencia, anotan que "no se puede pedir a una empresa que siga perdiendo dinero. Hay problemas graves, estructurales, y no está en manos de Alcoa resolverlos".

"Es la única fábrica de aluminio de la Unión Europea. Sospechamos que lo que quieren es dejarla en lo mínimo y solo fundir material procedente de Noruega", cavila Cardoso, que dirige la responsabilidad también al Gobierno de España.

El presidente Pedro Sánchez recalcó el pasado 7 de junio que la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya había trabajado en los últimos dos años en la crisis industrial de Alcoa y que había dado "solución y salida" a dos de sus plantas, las de A Coruña y Avilés (Asturias), para las que la empresa planteó el cierre y finalmente vendió. Con respecto a la de San Ciprián, Sanchéz solo afirmó que andaban "en diálogo con el comité de empresas" y "buscando inversores".

Impacto económico y medioambiental

Dicha inversión sería crucial para la comarca, como escruta Cardoso. Coincide con AYeconomics, empresa de la Universidad de Santiago para llevar a cabo estudios sobre la economía gallega. La investigadora principal, Yolanda Pena Boquete, avanza una estimación de 3.000 empleos perdidos, entre directos e inducidos (no solo de las auxiliares de Alcoa, también de proveedores y de negocios minoristas en los que ahora gastan su dinero los trabajadores y sus familias). La sangría afectaría principalmente a los camioneros (139 puestos), pero también se incluirían aquí el ramo de la construcción, de la maquinaria y el comercio, entre otros. También, sentencian, impactaría en el sector energético gallego, con una merma del 2% de producción.

Y habría que añadir la "bomba de relojería" a la que aluden los grupos ecologistas: su desmantelamiento dejaría un gran vertedero de lodos tóxicos y corrosivos a cielo abierto. Una balsa de 87 hectáreas de superficie y 42 hectómetros cúbicos de capacidad prácticamente desbordada y cuya vida útil está próxima a finalizar, para la que se desconocen los planes de tratamiento. Según ha publicado el diario El Confidencial, en 2017, Rubén Bartolomé (entonces presidente), señaló el horizonte de 2025 como el límite de la vida útil de la instalación. Así se podrían buscar alternativas que hoy se desconocen. Un temor que se extiende entre los sindicalistas como Cardoso, las asociaciones ambientalistas o, quizás, el resto del país, viendo cómo se destruye su base económica.