"Las maestras y maestros, agrupados en la Unión Nacional de Educadores, exigimos la salida de la ministra de Educación, Monserrat Creamer (…) En la actualidad se ha revelado una grave violación constitucional, donde la ministra es cómplice al permitir que 900 millones de dólares sean arrebatados del presupuesto de educación", dijo Isabel Vargas, presidenta de la UNE, en una conferencia de prensa virtual.
Según la UNE, ese recorte transgrede la Constitución Política del país sudamericano, la cual señala que el Gobierno, en estado de excepción, puede utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Producto de esa medida, según la UNE, el Gobierno espera obtener 150 millones de dólares, pero no ha dictado medidas similares para otros sectores como el empresarial y bancario.
El viernes 5 la ministra de Educación fue llamada a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), para explicar supuestas irregularidades en un contrato para entregar desayunos escolares en planteles públicos.
Creamer fue llamada a la Asamblea tras la renuncia del viceministro de Educación, quien dijo a varios medios de comunicación haberse negado a aprobar dicho contrato, pese a recibir presiones de la ministra.
